De cada cinco compras o contrataciones de servicios efectuadas por la Fiscalía General de la República en 2020, cuatro se realizaron por adjudicación directa, sin licitación de por medio, según lo revela un informe interno de la dependencia.
Para un gobierno que ha hecho de la honestidad una de sus banderas, resulta extraño que una de sus áreas más importantes, al hacer compras y contrataciones, proceda de formas que despierten suspicacia entre los gobernados. Es cierto que en otras áreas a cargo del Estado, por ejemplo en el caso de medicamentos y vacunas, someter su compra a procesos de licitación y concurso retrasarían la obtención de artículos de necesidad inmediata en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, y de ahí que esté permitida su adquisición directa.
Si bien en el caso de la FGR se argumenta haber hecho uso de un procedimiento de excepción al que les está facultado acogerse a las dependencias y entidades cuando estén de por medio criterios válidos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez o transparencia que resulten beneficiosos para el Estado, dicho proceso deberá justificarse plenamente.
Por ejemplo, en 44 contratos por servicios diversos, poco menos de la mitad cumplieron con algunos de los criterios que justifican no optar por la licitación pública, de lo que se deduce que el resto de las contrataciones no se rigieron bajo condiciones de beneficio para la dependencia o, bien, que pudieron haberse efectuado bajo otro tipo de procedimiento contemplado por la Ley de Adquisiciones.
Sin embargo, según el informe elaborado por el propio órgano interno de control de la FGR, se señala que por lo menos el criterio de economía no se cumplió en buena parte de sus compras y contrataciones de servicios, por lo que se pagó más de lo que hubiera sido necesario desembolsar si se hubieran acatado los procedimientos previstos de licitación pública.
Se revela que parte de estas fallas fueron resultado de una planeación o programación deficiente o apresurada en algunos casos, que impidieron hacer una evaluación detallada de las opciones a contratar o de recibir un fallo respectivo o incluso la declaratoria de licitación desierta.
La asignación de contratos por medio de concurso abierto garantiza que los recursos públicos se utilicen de manera apropiada. Cerrar esa opción y apostar a la asignación discrecional abre la puerta a favoritismos, a contratar servicios onerosos, al mal uso de los recursos y eso sin duda también es corrupción.
