Las dos más recientes leyes de amnistía en México han tenido destinatarios claros y se dieron en una circunstancia histórica apremiante.
A finales de 1978 el gobierno mexicano publicó la Ley de Amnistía para eliminar toda responsabilidad penal de quienes se enfrentaron con corporaciones policiacas desde grupos políticos —pacíficos o armados. Con ello se legalizaron las actividades del Partido Comunista de México y se inició su participación plena en la vida política nacional, también se pretendió cerrar el episodio conocido como “guerra sucia”.
En 1994, luego del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno mexicano anunció una ley de amnistía para quienes participaron en el movimiento de sublevación que se dio en el estado de Chiapas.
Ahora, en 2019, veinticinco años después de la ley que benefició a las filas zapatistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Amnistía de amplio alcance para que abandonen la prisión los reclusos que caigan en los siguientes supuestos.
Jóvenes relacionados con delitos contra la salud acusados de narcomenudeo cuando en realidad son consumidores o que por pobreza o amenazas participaron en ilícitos. Personas presas por robo simple sin violencia. Mujeres criminalizadas por haber tenido un aborto. Médicos o parteras acusados de participar en interrupciones del embarazo. Personas indígenas que no tuvieron una adecuada defensa. Presos políticos o de conciencia. Internos acusados de “delitos inverosímiles”.
Por fallas del Ministerio Público o por dudosas actuaciones de jueces, la impartición de justicia en México acumula casos de personas que pasan años en prisión sin recibir sentencia, de responsables de ilícitos que quedan libres, de integrantes de comunidades marginadas y vulnerables que permanecen en la cárcel por no contar con recursos para su defensa.
En la discusión y aprobación de la propuesta, toca al Congreso de la Unión establecer de manera detallada la forma en que se darían las liberaciones y garantizar un proceso transparente en el cual los medios y la sociedad puedan revisar los casos.
A diferencia de 1978 y 1994, la ley de amnistía ofrece de inicio un mayor alcance para quienes han sido víctimas del tortuoso camino de la justicia.
Al mismo tiempo, la iniciativa debe servir de acicate para eliminar los abusos y avanzar hacia un sistema en el que de manera efectiva todos sean iguales ante la ley.
