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A pesar de que la cultura por el respeto a los derechos humanos se está ampliando, en el país las denuncias por casos de tortura no ceden e incluso parecen generalizarse.
Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad realizada por el Inegi en 2016 señalan que 58% de los detenidos fueron incomunicados, 52% amenazados con cargos falsos; 46%, desnudados, y 40%, atados y vendados de la cabeza.
Además, un tercio fue presionado para denunciar a alguien más y el mismo porcentaje fue asfixiado.
Con los objetivos de desaparecer los abusos que se producen durante la detención de presuntos delincuentes y de castigar a los responsables, en junio de 2017 entró en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La normatividad sustituyó a la ley que regía en la materia desde 1991. El nuevo documento dio un plazo de 90 días (que se cumplieron a finales de septiembre de 2017) para que la Federación y los estados pusieran en marcha y operaran fiscalías especiales en la materia.
Casi dos años y medio han trascurrido y únicamente 10 de las 32 entidades han acatado la ley.
¿En dónde queda el compromiso de la autoridad para investigar y sancionar los abusos cometidos por servidores públicos?
Entre 2014 y 2018 se iniciaron 9 mil 998 investigaciones federales por tortura, pero en 33 casos se logró dictar sentencia.
México se encuentra en un proceso de transición en busca de mejores prácticas de impartición de justicia. Basta con preguntar a quienes purgan sentencia en alguna prisión para escuchar historias de detenciones con lujo de fuerza, en medio de abusos físicos y sin darle garantías de defensa al acusado. Si desde los gobiernos municipales, estatales y federal no se toma en serio el combate a tratos degradantes, como país cada vez estaremos más lejos de alcanzar una impartición de justicia plena y de que el respeto a los derechos humanos sea la constante.
En los esfuerzos para erradicar o disminuir al mínimo los casos de tortura los gobiernos estatales están incumpliendo mandatos legales sin que haya ninguna consecuencia por ello. Parece no importarles tener una mejor justicia. ¿Quién los llamará a cuentas?
