Una serie de irregularidades cometidas por dependencias y programas federales fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al hacer un análisis a la Cuenta Pública 2019.

Dentro de las anormalidades encontradas se enlistan prácticas similares a las reprochadas por el gobierno actual a sus predecesores, como duplicación de pagos, inclusión y pago en nóminas de trabajadores que nunca se presentaron a laborar o a colaboradores con funciones no definidas, pagos fantasma por servicios o bienes inexistentes, desembolsos en efectivo realizados sin comprobantes o beneficios otorgados a solicitantes que no cumplían con los requisitos o características considerados para ser becados y hasta un padrón poco fiable o incompleto de beneficiarios de programas sociales, con carencia de datos esenciales para la integración del listado de personas.

Entre los programas de la 4T señalados por la ASF de presentar incongruencias o datos sólidos sobre la aplicación eficiente de los recursos, están Jóvenes construyendo el Futuro, Sembrando Vida, las becas “Benito Juárez” para el Bienestar y el de Servidores de la Nación; en tanto que entre las dependencias detectadas con manejos irregulares están el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría del Bienestar.

Si bien son de momento solo observaciones que pese a su estatus de irregularidad aún pueden ser atendidas y en su caso aclaradas, es el gobierno quien debe admitir y hasta promover una revisión exhaustiva de las cuentas que presenta, y no reprochar o reclamar porque se le investigue o fiscalice. Es para eso que existen los contrapesos en una democracia. Al justificar gastos o manejo de recursos económicos no se puede ser juez y parte.

El jefe del Ejecutivo debe admitir las observaciones de la ASF y si fue ésta la que se equivocó, demostrarlo con documentos, pero no se puede salir a decir que los señalamientos son falsos porque para empezar se puede carecer de la capacidad técnica para entender las observaciones hechas.

Aunque suponiendo que el Presidente no tenga la intención de ser corrupto, eso no significa que su gobierno o que sus subalternos estén libres de corrupción, y él debe ser el primero en vigilar que su equipo se comporte con la rectitud que se pregona y evitar caer en las mismas prácticas del pasado que critica, recordando que los señalamientos por actos de gobierno erróneos son parte de la democracia.