El magistrado Arturo Zaldívar permanece en un silencio que ya está resultando incómodo en el país, ante la eventual aprobación de una reforma judicial que incluiría la extensión de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tema en el que la aprobación no solo es responsable la bancada favorable al gobierno, sino también la oposición, porque todo indica que la votación de estas reformas se hizo sin haber revisado a fondo las iniciativas o sin conocerse a cabalidad en el Senado lo que se estaba votando.
Para explicar el silencio de Zaldívar, conviene reflexionar que se encuentra en una disyuntiva en la que por un lado está su prestigio como defensor de la propia autonomía del Poder Judicial y, por otro, la tentación de aceptar el ofrecimiento de cambiar la ley para alargar su periodo al frente de la Corte y “ayudar” así a consolidar la transformación emprendida por el actual gobierno.
Y es que para el Presidente, la intención de tal iniciativa es prevenir que el Poder Judicial “caiga” en manos de magistrados o jueces al servicio de grupos de intereses específicos. Pero para críticos de la iniciativa el temor es que el mandatario y su partido encuentren una vía para permitir la ampliación del periodo presidencial (una virtual reelección), que echaría por tierra uno de los logros más reiterados de la Constitución mexicana, cuyo costo en el pasado fue el de una revolución y una larga recomposición de la estructura política nacional.
Ahora, la intención de hacer lo mismo en el Poder Judicial constituye una intervención inédita por parte de un gobierno que maneja un doble discurso: el de cambiar las leyes para satisfacer sus propósitos —tentación que tanto le criticó a administraciones anteriores— y de tratar de convencer al pueblo de la necesidad de hacerlo porque de lo contrario no habrá cambio posible ni defensa de los enemigos del pasado que intentan volver a dominar.
Por lo anterior es que distintas voces se están haciendo oír tanto en México como en el extranjero para alertar del riesgo que corre la autonomía del Poder Judicial, en especial por la premura y celeridad que se le está dando a este proceso de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Hay que recordar que quien hoy dice que las modificaciones que se están emprendiendo no llevan intención de actuar como ensayos o preparativos para permitir una futura reelección presidencial, es el mismo que más de dos sexenios atrás pedía que lo dieran “por muerto” para la contienda por la presidencia en 2006.
