Con el paulatino retorno a la actividad económica en la mayoría de los estados, luego del confinamiento al que obligó la pandemia, los empleos informales son los que están mostrando una mayor recuperación que los formales. La situación no debe extrañar por las condiciones actuales que dominan en el país: empresas que han tenido que cerrar o que han reducido sus actividades al mínimo, miles de personas sin apoyo para sobrellevar la crisis económica y autoridades que soslayan todo tipo de respaldo tanto a ramas productivas como a trabajadores afectados.
La situación tampoco debe sorprender porque la economía informal ha estado presente en el país desde hace varios sexenios. Con ligeras variaciones en distintos momentos, se ha estimado que hasta 60% de los mexicanos en edad productiva se encuentra en el sector informal.
Para especialistas, el riesgo hoy en día es que ese porcentaje se rebase, de acuerdo con la tendencia que está presentando en los últimos meses. En abril pasó de 47.7% de la población ocupada, a 54.9% en julio, equivalente a 27.3 millones de trabajadores. Las proyecciones señalan que otros 3.7 millones se sumarán en las semanas siguientes para comenzar a superar los 31 millones de personas en la economía informal que había antes del inicio de la pandemia.
Tener a decenas de millones de personas laborando en la informalidad representará para el país que la mayor parte de la economía no estará regulada, no habrá un registro preciso de su actividad, no pagarán impuestos ni tendrán acceso a prestaciones sociales o a créditos para adquirir una vivienda ni podrán aspirar a una pensión cuando llegue la edad de retiro. Millones de personas quedarán excluidas de las prestaciones sociales profundizando la desigualdad social.
Buena parte de la solución, sin embargo, se encuentra en manos de la autoridad. Para que las empresas sean consideradas “formales” deben cumplir con el pago de gran cantidad de impuestos y con gran número de trámites burocráticos. Simplificar las obligaciones sería un incentivo para el registro en el sector formal, debido a que en ocasiones la carga gubernamental a las empresas establecidas se convierte en un factor para emigrar a la informalidad.
Para el trabajador escasa o medianamente calificado se presentan dos escenarios sin grandes diferencias: ingresar a una empresa formal con salarios precarios y en ocasiones sin las prestaciones a las que obliga la ley o migrar a la informalidad.
