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Desde el momento en que el gobierno mexicano felicitó a Evo Morales, el pasado 24 de octubre, por su “victoria” en las elecciones presidenciales y le deseó “el mayor de los éxitos” en su gestión, a pesar de que el conteo de los votos era fuertemente criticado por voces bolivianas e internacionales, México comenzó una aventura diplomática que hoy se encuentra en un momento de tensión elevada.
Días después de la felicitación, el repudio a los resultados electorales del 20 de octubre en Bolivia subieron de tono y desencadenaron fuertes protestas. El gobierno de Morales convino con la Organización de Estados Americanos la realización de una auditoría a los comicios. Los hallazgos preliminares de la OEA, conocidos el 9 de noviembre, dieron cuenta de irregularidades que obligaron a la renuncia de Evo Morales.
Lo que siguió es ampliamente conocido: el expresidente boliviano recibió asilo de México, algunos de sus colaboradores llegaron con él, pero otros obtuvieron refugio en la sede diplomática en La Paz. Evo dejó México luego de un mes y actualmente se encuentra en Argentina. La semana pasada el gobierno interino de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario por “sedición y terrorismo”, algunos exfuncionarios bolivianos enfrentan los mismos cargos y otros están acusados de fraude electoral.
Tras la emisión de órdenes judiciales, se dio una “presencia excesiva” de elementos bolivianos de inteligencia y seguridad frente a la residencia y embajada mexicana en La Paz, la cual fue denunciada por el gobierno mexicano.
El asedio continuaba anoche y funcionarios de la SRE señalaron que los elementos bolivianos incluso tomaron fotos a diplomáticos mexicanos.
Esta situación solo ha hecho aumentar la tensión entre ambas naciones. La canciller interina de Bolivia aseguró que su país es respetuoso de la inmunidad diplomática de la embajada y agregó que es “categóricamente imposible” que la fuerza pública ingrese a la sede mexicana.
La relación entre México y Bolivia ha sido históricamente de entendimiento y es obligado que se mantenga en esa ruta.
La protección que México otorga a nueve exfuncionarios en La Paz se encuentra dentro de los tratados diplomáticos internacionales.
¿Cuál puede ser la garantía de que enfrenten un proceso justo cuando el actual gobierno interino ha manifestado su condena total para la administración previa y la persecución de los funcionarios que la integraban?
Reconciliación es lo que necesita el país sudamericano, mientras en la relación con México lo importante es que prevalezcan los canales diplomáticos. Ninguna opción violenta sería una solución.
