La firma de la Carta Madrid, entre senadores del Partido Acción Nacional y representantes del partido español de ultraderecha Vox representa uno de los momentos más preocupantes para la división y la confrontación política que se vive en México.
Según lo suscrito en el documento, ambas organizaciones políticas establecen un acuerdo conjunto para detener en la medida de sus posibilidades el avance del comunismo en las naciones de habla hispana, en lo que se ha denominado Iberoesfera y para lo cual se pronuncian en defensa de la libertad, el Estado de derecho y la democracia.
Además de esta alianza con el PAN, los hispanos de Vox buscan también establecerse en nuestro país como una firma para brindar servicios de asesoría política, marketing, relaciones públicas y consultoría jurídica, entre varios otros más.
Es increíble que los senadores panistas hayan celebrado este acuerdo a unos días de que Vox celebrara mediante un tuit que, durante la conquista, España habían venido a liberar a millones del terror de los aztecas.
Si bien son criticables las posturas de la extrema izquierda y sus radicalizaciones sordas al diálogo, también son reprochables los populismos de la derecha, de los cuales Vox es una de las caras más reconocidas del fascismo europeo moderno, por lo que la conformación de un frente anticomunista hispano-mexicano constituiría un caso de intervencionismo extranjero en asuntos que sólo le competen a México.
Preocupa que una fracción del PAN sea afin con esa organización y amistosa con ideologías de populismo de derecha, y que han llevado a que el presidente López Obrador califique al partido blanquiazul ya no de conservadores sino de “ultraconservadores y casi fascistas”, al aliarse con esta organización que va en contra del pueblo español que se caracteriza por ser liberal y progresista.
Hay que ser tolerantes con todos los espectros políticos, pero esa organización en específico es una representación de una ultraderecha retrógrada y carente de nociones básicas de derechos humanos y de ética. No obstante, México y su gobierno han expresado que se garantizará su derecho a la libre expresión, y que aunque está contemplado en la Constitución Mexicana, no se les aplicará el artículo 33, reservado para expulsar de nuestro territorio a los extranjeros que intervengan en asuntos políticos nacionales.
Hay que estar atentos de no caer en espejismos de sospechosa lucha por la libertad y la democracia.