En sus giras por el país o en las conferencias de cada mañana, el presidente de la República saca con frecuencia un pañuelo blanco de su pantalón y lo agita en el aire para mencionar que en los niveles más altos del gobierno no hay corrupción ni impunidad tolerada. Ese gesto lo comenzó a hacer antes de cumplir un año en el gobierno, pero en los hechos se trata más de un deseo de buena voluntad que de logros consumados.
En la administración federal hay asignaciones de contratos millonarios que se realizan bajo la sombra de los malos manejos. En Seguridad Alimentaria Mexicana, por ejemplo, en 2019 y 2020 se otorgaron contratos por 797 millones de pesos a una red de seis empresas que incumplieron lo acordado sin recibir una sanción y que además el propio gobierno federal las ha colocado en la lista de compañías que facturan operaciones simuladas, las llamadas factureras o empresas fantasma.
Esas seis compañías se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos y números telefónicos. Otra situación extraña es que sus accionistas viven en colonias populares; muchos de ellos apenas cuentan con recursos para rentar un cuarto dentro de una vivienda. Los contratos fueron asignados por adjudicación directa, y no mediante concurso. El funcionario encargado de la asignación fue cesado en junio de 2020 en medio de acusaciones de corrupción.
Al cúmulo de irregularidades se suma que una de esas compañías participó en un esquema de subcontratación ilegal en Sedatu, durante la gestión de Rosario Robles, de acuerdo con la auditoría a la cuenta pública de 2018 realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
Separar a un funcionario por sospecha de corrupción sin que meses después se haya producido algún señalamiento en su contra por esa conducta no puede considerarse un genuino combate al desvío de recursos públicos y menos afirmarse que la corrupción se erradicó de las altas esferas del gobierno.
En el gobierno federal es común que el discurso presidencial no siempre esté en sintonía con el resto de sus colaboradores.
Así, el presidente ha condenado el outsourcing y más tarde se conoce que en Palacio Nacional hay contratos de ese tipo. También, el mandatario destaca la austeridad en la que se desenvuelve, pero otros funcionarios de primer nivel viajan en primera clase o las dependencias federales hacen erogaciones millonarias para dotar de uniformes deportivos a trabajadores sindicalizados, por ejemplo.
El ejemplo y la voluntad presidenciales no bastan para erradicar malas prácticas administrativas ni para generar cambios. Los motivos están a la vista.
