Read in English
Las últimas semanas América Latina ha estado marcada por violentas protestas en distintos países. En algunas naciones como Chile y Ecuador el origen de la ebullición social se dio por cuestiones económicas. En Bolivia, en cambio, las manifestaciones se detonaron como resultado de un proceso electoral cuyo resultado fue blanco de numerosos cuestionamientos.
La situación política llevó ayer a la dimisión del presidente Evo Morales, luego de haber permanecido casi 14 años en el poder. La Constitución boliviana permite reelegirse una vez, pero el ahora expresidente iba en busca de su cuarto mandato. Para presentarse a una cuarta elección, Evo realizó un referéndum en 2016 que preguntaba a los bolivianos sobre la pertinencia de modificar la Constitución con el fin de que el presidente participara por cuarta ocasión en unas elecciones.
Antes del referéndum, el mandatario afirmaba que estaba preparado para una eventual derrota en el ejercicio y que se iría feliz a retomar su vida en el campo.
El resultado no le fue favorable, y a pesar de ello no cumplió con lo que había expresado. Interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional debido a que consideró que se atentaba contra sus derechos políticos. El Tribunal le dio la razón y el pasado 20 de octubre se presentó como candidato presidencial para un nuevo periodo.
El día de la elección los resultados preliminares que fueron fluyendo apuntaban a que habría segunda vuelta por lo cerrado de la votación. En ese momento, sin explicaciones, se suspendió el conteo y solo se reanudó 24 horas más tarde, aunque las cifras mostraban ahora una mayor diferencia de votos, con lo cual se anulaba la posibilidad de segunda vuelta y Evo se convertía en el triunfador de los comicios.
El resultado desató acusaciones de fraude y encendió protestas de la oposición, huelgas y bloqueos de carreteras. Un informe de la Organización de Estados Americanos sobre el proceso electoral encontró diversas irregularidades.
Bajo el gobierno de Evo Morales, Bolivia mejoró sus indicadores económicos y sociales. Sin embargo, nada debe permitir que la clase política haga a un lado los valores democráticos y olvide que hay leyes que deben cumplirse.
La situación que vivió Bolivia debe servir para recordar la importancia de respetar el voto popular, porque cuando se pasa por encima de la ley se arriesga lo más preciado que puede tener cualquier nación: la paz social.
