El narco asoma su peor rostro en la ciudad, tras de que insistentemente el anterior gobierno de la capital venía asegurando que los grandes cárteles del país no tenían a la urbe como uno de los territorios bajo su control, pese a que de varios capos se sabía de sus andanzas en distintos rumbos de la ciudad y de que se afirmaba que varios de los cárteles proveían a las organizaciones locales de narcomenudeo.
Y aunque ha habido ataques de organizaciones criminales al interior de la Ciudad de México, en los que por separado se identificó al Cártel de Tláhuac y la Unión Tepito como sus perpetradores, el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch es sin duda el escalamiento de una guerra no declarada que no se quería o no se esperaba que llegara tan pronto a la capital del país.
Cabe preguntarse si el ataque se trata de una reacción directa al trabajo realizado por el secretario y su dependencia, o si constituye un acto de intimidación hacia el gobierno federal por parte del grupo que ha sido responsabilizado directamente (el Cártel Jalisco Nueva Generación), o por otra organización criminal que intenta desviar la atención hacia sus rivales. En el primer sentido y redimensionándolo a escala nacional, podría ser el segundo golpe de ese cártel contra el gobierno actual luego del asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa en Colima.
Y aunque en años pasados los accidentes aéreos en los que perdieron la vida dos secretarios de Gobernación y uno de Seguridad Pública Federal han querido sido ser vistos como atentados perpetrados por la delincuencia, en los tres casos el dictamen oficial fue que se trató de siniestros debidos a fallas mecánicas, a malas condiciones climatológicas o errores de pilotaje.
Ahora el atentado de ayer llega también en el cruce de varios hechos en materia de seguridad: la amenaza pública hecha por el Marro, la detención de líderes de la Unión Tepito, el lamentable episodio del Culiacanazo el año pasado, el despliegue creciente de la presencia del CJNG y la controversia sobre la asignación de tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas.
Es entonces de esperar que la fuerza y lo inusitado de este impactante golpe sea, como las autoridades capitalinas se han esmerado en asegurar, una respuesta desesperada al debilitamiento que las fuerzas federales están causando a los grupos criminales, tanto contra su estructura de fuerza, como en su base económica. Si es así, se trata de un mensaje de que el Estado no debe claudicar ni dejarse amedrentar en esta lucha que, sin embargo, amenaza con recrudecerse.
