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Los hechos de agresiones a personal médico y hospitalario documentados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en medio de la pandemia de coronavirus, refieren la incapacidad de un pueblo de entender que la gente dedicada al cuidado y atención de la salud no son focos de infección sino verdaderos héroes que arriesgan su vida en pos de salvar la de otros.
Actos que van desde discriminación en la prestación de servicios como el transporte o la atención en comercios, hasta eventos en los que hay hostigamiento, burlas, amenazas o ataques directos como el arrojarles cloro u otras sustancias en la creencia de que así los “limpian” de agentes infecciosos que portan en su vestimenta, son muestra de una relación hostil del mexicano hacia personas que les brindan un servicio y un beneficio.
Mientras en otros países, médicos y enfermeras son objeto de reconocimiento social, en el nuestro al personal médico se le niegan servicios y se le agrede por estar en la primera línea de combate al enemigo invisible del Covid-19. En algunas localidades, se ha llegado al extremo de amenazar con incendiar hospitales que reciban a contagiados de coronavirus.
Las agresiones a trabajadores de la salud hablan de una población falta de civilidad. Tenemos mucho camino qué recorrer en nuestra relación con esta gente que ha tenido por vocación el cuidado de la salud y que ha elegido la medicina o alguna de sus ramas afines, como la enfermería, como profesión no solo para ganarse la vida, sino como uno de los medios más nobles de ayudar al prójimo y de prestar un servicio a la sociedad.
En este sentido, hay dos problemas: uno el que directamente tiene que ver con la responsabilidad gubernamental que ante la negligencia hacia el sector salud que se viene arrastrando de décadas atrás, se refleja en escasez de espacios, deficiencia en servicios y mala preparación del personal, y que se ha visto que puede derivar en agresiones no directamente provocadas por la actuación del personal médico, sino por la privación de recursos producto de las restricciones presupuestarias.
Otro es el de la propia ignorancia de ciertos sectores de la población, especialmente en zonas de baja escolaridad, que se niegan a permitir que los enfermos por el coronavirus reciban atención, argumentando un miedo al contagio que raya en lo irracional y que está asentado en desinformación y prejuicios sin sustento. No solo urge desarrollar una vacuna contra el Covid-19, sino también una contra la ignorancia y el oscurantismo social.