La 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) arranca teniendo como epicentro de sus debates la situación política que se vive en Nicaragua, con unos comicios que levantan más de una sospecha de fraude electoral y cuyo resultado a todas luces parece haber estado arreglado para garantizar la reelección de Daniel Ortega por un cuarto periodo consecutivo.

Al quedar cada vez más en entredicho el papel de la OEA, uno de los dos organismos multilaterales más importantes en el concierto panamericano —el otro sería la propia ONU—, con capacidad de contrapeso en acciones contrarias a la estabilidad política en la región, la defensa de la democracia en el continente se vuelve cada vez más una utopía sin asidero real, que pone la credibilidad del organismo hemisférico en riesgo y un cada vez más cuestionado papel como árbitro continental

Y mientras arrecian las presiones para que Nicaragua sea expulsada del organismo multilateral del continente americano, toda vez que la mayoría de las naciones de la región han desconocido el resultado del proceso electoral que dio la victoria a Daniel Ortega por un periodo más en la presidencia de Nicaragua, entra en juego también la razón de ser de la propia OEA.

El régimen de Ortega, que se afianza gracias a un esquema de represión y control de los opositores, y el sostenimiento de un sistema político que recurre al fraude electoral, contraviene lo asentado en la Carta Democrática Interamericana y por la cual varias naciones estarían en posición de exigir la expulsión de Nicaragua del organismo multilateral y anular sus privilegios como socio. Para conseguirlo, se requeriría del voto de 24 de los 34 países miembros, pero algunos especialistas indican que podría imponerse el principio de no intervención y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Del otro lado está la postura de Estados Unidos, que induce un elemento de tensión a nivel continental, luego de que el gobierno de Joe Biden ha dejado ver que podría emprender acciones diplomáticas y económicas contra Managua.

Llama la atención el silencio de México, que ya se abstuvo de participar en un pronunciamiento anterior de la OEA en pro de la liberación de presos políticos nicaragüenses, y que en esta ocasión no ha fijado ninguna postura al respecto del que aún se considera uno de los aliados naturales del régimen actual mexicano. Es tiempo de que nuestro país decida entre mantener alianzas o apoyar democracias.