En vez de disminuir como debería ser el resultado tras más de un año de que entró en funciones el proyecto anticorrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el registro de víctimas de actos de corrupción se incrementó en 2019 con respecto al informe anterior de 2017.
En el resultado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, llevada a cabo por el Inegi, se asienta que tanto los índices de prevalencia como los de incidencia registraron aumentos sustanciales, mientras que el costo económico nacional por actos de corrupción relacionados con trámites o solicitud de servicios excedió más allá de los 12 mil 770 millones de pesos, con un promedio de casi 4 mil pesos por víctima.
Asimismo, y como era de suponerse, casi 6 de cada 10 actos de corrupción denunciados están relacionados con la seguridad pública, lo que muestra el grado de descomposición que aún subsiste entre elementos policiacos y militares, pese a los intentos del nuevo gobierno por reformar los cuerpos de seguridad, incluso con la creación de nuevos como la Guardia Nacional, creados precisamente para dotar a sus integrantes de una nueva filosofía y actitud de servicio, y el objetivo expreso de desterrar las viejas prácticas nocivas del pasado.
Tras la seguridad pública, la corrupción involucró en segundo lugar a la interacción de los ciudadanos con el Registro Público de la Propiedad, seguido muy de cerca por los Ministerios Públicos, y en orden descendente por las oficinas municipales, los juzgados y tribunales, y por último las áreas encargadas de trámites vehiculares.
Por regiones, sorprende que algún acto de corrupción haya involucrado a uno de cada cuatro habitantes del estado de Durango, mientras que en la capital del país y en el Estado de México, la proporción fue de uno de cada cinco, seguidos muy de cerca por Quintana Roo, Morelos y Guanajuato.
Sin embargo y pese a las cifras en ascenso, la tasa de percepción de corrupción entre la ciudadanía se redujo en poco más de cuatro puntos porcentuales quizá por la empatía de gran parte de la población hacia el gobierno actual, que precisamente enarbola la bandera del combate a tales prácticas y que reiteradamente estructura su discurso y sus acciones en ese sentido.
Como ha sido la exigencia de organizaciones de la sociedad civil en los años recientes, se requiere la adopción de leyes fijas contra la corrupción y no de iniciativas esporádicas que la combaten durante algún tiempo y después pierden fuerza. Y es que está visto que la corrupción es una práctica que permea a todas las capas de la sociedad y que sutil, pero persistentemente, degrada y descompone el tejido social, y condiciona estructuras de pensamiento en la ciudadanía muy difíciles de erradicar.
