Read in English
Uno de los desafíos más importantes que ha tenido en 2019 el gobierno federal, y que prevalecerá el año entrante, es superar el pobre dinamismo económico. La caída o aumento en los niveles de aprobación presidencial serán proporcionales a los resultados que se obtengan en esa variable (así como en la obtención de resultados en seguridad).
En materia económica la discusión sobre si este 2019 se vivió recesión o estancamiento es inútil, pues cualquier término que se adopte hace referencia a un año perdido. Caer a niveles de crecimiento cero, tras venir de aumentos de 2%, solo puede atribuirse a decisiones —o indecisiones— gubernamentales.
Expertos han señalado como uno de los factores determinantes que la confianza para invertir se minó. El discurso del Ejecutivo, que por mucho tiempo descalificó a la clase empresarial, retrasó la asignación de recursos a nuevas inversiones. Ese camino pareció enmendarse la semana pasada cuando la cúpula empresarial y el gobierno federal dieron a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Se anunciaron inversiones por más de 800 mil millones de pesos para los próximos años. Probablemente la economía tendría ahora un desempeño diferente si esas cifras se hubieran dado a conocer hace seis meses. Varios proyectos estarían en marcha. Se perdió tiempo valioso por mantenerse en un discurso hostil.
Se reconoce el impulso que este gobierno ha dado a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. En sexenios anteriores se argumentaba que era imposible otorgar aumentos muy por arriba de la inflación, pues generaría presiones económicas. A casi un año de que el mínimo pasó de 88 a 102 pesos diarios, la inflación está bajo control.
En su mensaje del domingo, en el Zócalo, el presidente de la República admitió que todavía no se alcanza el crecimiento deseado, pero la diferencia es que hay una “mejor distribución de la riqueza”; dijo que el presupuesto no se queda en pocas manos sino que llega a la mayoría.
Lo que debe preocupar es que la riqueza se vaya haciendo cada vez más pequeña, si la economía no muestra un repunte. Si no llegan más recursos a las arcas públicas, por una menor recaudación fiscal, los programas sociales tendrían que cancelarse, reducirse o seguir entregándose a costa de endeudamiento.
El bienestar ofrecido solo será viable si va acompañado también de crecimiento económico. El camino por delante no luce despejado, pero está en manos del gobierno aclararlo.
