La suspensión temporal de las revisiones sanitarias a las productoras michoacanas de aguacate por parte de inspectores estadounidenses a fin de dar protección a su personal ante amenazas de grupos del crimen organizado, demuestra el poder casi irrefrenable que están alcanzando las mafias enquistadas en zonas de producción agrícola.
Por esta suspensión se están generando pérdidas que van de 12 a 14 millones de dólares diarios, pues en tanto no se den las inspecciones, el aguacate —también llamado el oro verde— no puede ser exportado hacia Estados Unidos, principal consumidor del producto después de México. Se trata de muchísimo dinero y si esta suspensión hubiera ocurrido antes del Superbowl, habría representado una tragedia de proporciones catastróficas para los productores mexicanos.
En este contexto ya se planteó la necesidad de crear un organismo especial destinado a garantizar la seguridad tanto de productores, como de distribuidores y exportadores, e incluso de los propios inspectores.
El valor del mercado del aguacate está estimado en más de 3 mil millones de dólares y el auge aguacatero en Michoacán se dio justamente a partir del establecimiento de mecanismos de inspección y exportación del producto hacia Estados Unidos.
Es un negocio en rápido crecimiento que hay que proteger porque de lo que genera dependen cientos de familias tanto en el cultivo, como en la recolección, el empaquetado, la distribución y la venta de esta fruta. Es más, buena parte del ingreso del país y de la producción agrícola de Michoacán, está vinculada al cultivo del aguacate.
Los criminales buscan cobrar rentas por todo, y desde que se dieron cuenta del tamaño del negocio que representa, ahora también quieren controlar a los productores y las exportaciones. En algunas regiones productoras, el “impuesto” de la delincuencia ya va incluido en el precio con el que el aguacate llega al mercado.
¿Hasta cuándo los criminales van a seguir controlando territorios? Hay que recordar que en el fallido intento del gobierno de Peña Nieto por recuperar las regiones aguacateras, se terminó armando a uno de los bandos que mantienen el control sobre esos campos productivos.
El control del crimen organizado sobre la producción agrícola, ya sea del aguacate como la del limón, o la imposición del cultivo de enervantes en campos donde se debería estar cultivando maíz o frijol, es una forma más en la que nuestro país está perdiendo soberanía y sobre la que indudablemente hay que poner atención.