El rostro más conocido de la corrupción es el de malos funcionarios engordando sus bolsillos a costa del robo de recursos públicos. Otro rostro menos frecuente de la corrupción es el que termina con la muerte de personas.

La corrupción es un fenómeno que en México se ha arraigado por muchos años. Su punto máximo se alcanzó quizá el sexenio pasado cuando se detuvo el proyecto para construir el tren México-Querétaro por la presunción de favoritismos y de conflicto de intereses; cuando se conoció de la triangulación de millones de pesos en recursos hacia empresas fantasma en el caso conocido como Estafa Maestra y cuando una carretera fue presentada como una obra única de la cual se podía garantizar “una durabilidad de 40 años”, pero a los pocos meses registró un socavón que terminó con la vida de dos personas.

Hoy EL UNIVERSAL presenta un dato más. Entre 2014 y 2018 en el Instituto Mexicano del Seguro Social se dio una supuesta compra de ventiladores, uniformes y medicamentos, pero se trató de operaciones simuladas con las que se desviaron casi 321 millones de pesos. Buena parte de esos insumos resultan hoy indispensables para el manejo de pacientes con coronavirus.

En el sector salud cualquier manejo irregular del presupuesto tiene una consecuencia directa o indirecta en los pacientes que acuden a recibir tratamiento o en el personal médico.

Una de las mayores demandas al principio de la pandemia fue la carencia de equipo de protección para quienes están en contacto con los enfermos. Hasta ahora los médicos y las enfermeras son un sector con alto índice de contagio.

Otra de las necesidades urgentes ha sido la compra de ventiladores para atender a los pacientes graves con Covid-19. El riesgo de que el número de esos aparatos sea insuficiente ha propiciado incluso una discusión bioética sobre a quién se le debería permitir el acceso a un ventilador cuando solo haya uno disponible y dos enfermos.

La propagación del Covid-19 tomó al sistema de salud del país con carencias acumuladas. ¿Qué proporción es resultado del desvío de recursos? En el periodo 2014-2018 analizado por Impunidad Cero y Justicia Justa se encontraron desvíos por 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma en dependencias del sector salud.

En estos momentos queda evidente que el dinero mal empleado para clínicas y hospitales, incide de manera directa en los servicios de calidad y puede significar la muerte de pacientes. ¿Se encuentra el país blindado con controles administrativo estrictos y con prácticas transparentes para evitar un mayor daño?

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