Es práctica común que las autoridades centren todos sus esfuerzos en la resolución de aquellos ilícitos que capturan la atención de la opinión pública, sea por la figura de la víctima o por la saña con que fueron cometidos. Resolver los homicidios —por ejemplo— que concentran la atención mediática contribuye a construir una imagen de eficiencia para cualquier corporación de seguridad.
La Ciudad de México es ejemplo de lo anterior. Hace unos días se conoció en redes sociales la desaparición de un ciudadano de origen francés, dedicado a la industria restaurantera. La comunidad franco-mexicana se movilizó para demandar su aparición, lo cual ocurrió horas después, pero Jean Baptiste Lormand fue encontrado muerto junto con su socio, una persona de nacionalidad mexicana.
En menos de 48 horas de que se conoció el caso, la autoridad presentó al probable responsable y detalló las presuntas causas del doble homicidio: robo de licores de gama alta que el restaurantero se disponía a vender. Rapidez poco usual para funcionarios que sobre sus escritorios acumulan carpetas de investigación con escasos avances.
Hace unas semanas la celeridad en indagaciones también fue notoria cuando se conoció el asesinato y desmembramiento de dos menores de edad en el Centro Histórico o cuando se atentó contra el secretario de Seguridad capitalino, en julio pasado.
En estas pesquisas lo mínimo que se pide es total certeza en la imputación de delitos para no incurrir en el armado de procesos poco sólidos al presentarse ante las instancias judiciales y, por supuesto, evitar la tentación de inculpar a personas equivocadas únicamente para “cumplir” ante la exigencia ciudadana.
Esa eficacia con la que se actúa en casos seleccionados tendría que ser el punto de arranque para atender otros ilícitos, que no trascienden a la opinión pública, pero que todos los días se presentan en esta ciudad con casi 10 millones de habitantes.
Además de la encomiable velocidad para resolver los casos mediáticos, hay cientos o miles de ciudadanos que esperan que los delitos cometidos contra ellos o sus familiares sean resueltos aunque no atraigan los reflectores mediáticos o de las redes sociales.
En la impartición de justicia y en la atención de demandas de solución de delitos no tiene por qué haber distinciones. El día en que se eliminen esas diferencias podrá asegurarse que las instancias de seguridad y de justicia están cumpliendo cabalmente su papel.
