Tuvieron que pasar 12 años para que a María de Jesús Vázquez Silva el gobierno mexicano apenas le reconociera su calidad de víctima, luego de que una granada, arrojada a la multitud reunida en la celebración por la Independendencia de México, que se llevaba a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, le desprendiera la pierna y le cambiara la vida desde entonces.
Desde el 15 de septiembre de 2008, y aunque tras el atentado en ese momento se prometió la creación de un fondo para compensar a los afectados, que conllevó la recopilación de 92 expedientes entre muertos y heridos, María de Jesús, enfermera michoacana, apenas acaba de ser integrada, junto con otras 6 personas afectadas de esa ocasión, en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), luego de haber presentado su solicitud de ayuda en 2016.
Ante tal tardanza para resarcir el daño, de nada valió que ese específico acto de terrorismo fuese mencionado en el decreto por el que se creó la Ley General de Víctimas, lo cual tampocó ayudó a consolidar el tan ansiado y prometido fondo, cuya creación fue postergada una y otra vez, incluso retrasada también con los cambios de administración que vinieron desde entonces.
Los que los afectados buscan es el resarcimiento del daño a las víctimas. No es posible que 12 años después todavía haya personas que estén buscando justicia por todos lados y que en el tiempo transcurrido desde el ataque, hayan tenido que poner de su dinero para atender una situación que, por sus características especiales, correspondía atender al gobierno, por haberse registrado en un acto oficial. Lo que esperan ahora es asistencia médica (muchos de ellos aún presentan secuelas del atentado) y jurídica.
Ya quedó probado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está rebasada y tan no es prioridad de la actual administración del país, que ya lleva dos meses sin titular. Es momento que desde la esfera presidencial se dé la orden de arreglar esa situación y seleccionar a alguien capacitado y con vocación de servicio al frente de la CEAV, para que comience a ponerse en regla y se atiendan los casos con una mayor prontitud. Las víctimas mexicanas de ése y otros tantos delitos no se merecen todavía la tortura del retraso y la tramitología. Que ya no se les sigan cerrando las puertas ni se les den más largas y tediosas esperas.
