Con el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es vital no perder el foco que la intención es castigar la corrupción y no generar un show mediático y político que pueda servir para fines electorales del actual gobierno de la República.
No obstante, el presidente mismo está pidiendo a la opinión pública que se enfoque en seguir el proceso judicial al exdirector de Petróleos Mexicanos, incluso con la propuesta de hacerlo a través de un tribunal ciudadano y popular, ya que a su decir se podría conocer así el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, de cuyos delitos, según precisa el mandatario, “nunca se hablaba ni se conocían”, lo que resulta contradictorio para un político que pudo llegar a la Presidencia precisamente gracias al hartazgo de una sociedad ante las prácticas de corrupción que se instauraron en gobiernos anteriores y que como candidato se comprometió a combatir.
De inicio, en el caso de la compra de la compañía de fertilizantes Agronitrogenados, Lozoya se declaró inocente de los cargos que se le imputan y reiteró haber fungido solo como un instrumento al servicio de otros personajes, cuya identidad y participación en los hechos, prometió dar a conocer posteriormente.
Por otra parte, en cuanto al caso Odebrecht, hay que recordar que México es el único país en el que los responsables no han sido juzgados mientras que en otros países hay empresarios, funcionarios de alto nivel encarcelados o sentenciados y hasta presidentes y expresidentes que han sido involucrados o acusados directamente, uno de ellos el peruano Alan García, quien se suicidó a raíz de los señalamientos.
Odebrecht, la empresa que incluso contaba con un área especializada en negociar sobornos a gobiernos en 12 países a cambio de obtener contratos en adjudicación directa sin necesidad de concursar para obtener la licitación, llegó incluso a financiar campañas políticas de aspirantes a cambio de obtener favores en compensación una vez que éstos triunfaran en las urnas y se instalaran en sus cargos.
El juicio a funcionarios relacionados con prácticas de abuso en el cargo que se les ha conferido debe ser un acto que inhiba efectivamente la corrupción, que es uno de los lemas y objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación, pero no permitir en modo alguno en que se convierta en propaganda para éste. Debe garantizarse, eso sí, que no habrá impunidad, para que al final del proceso el tema no quede solo en titulares de diarios y en lo hechos nadie purgue condena en prisión.
