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¿Qué futuro les espera a los jóvenes que truncan sus estudios de educación media superior o superior? ¿Qué opciones tienen quienes contrajeron matrimonio antes de los 18 años de edad? Para las jóvenes que se convirtieron en madres antes de haber alcanzado la mayoría de edad ¿qué oportunidades existen de retomar sus estudios? De darse el caso, ¿cómo deben enfrentar los jóvenes un contexto de violencia criminal en la región donde viven?
Ante esas situaciones el destino natural para la mayoría en los dos primeros casos es incorporarse al mercado laboral, pero las expectativas no son alentadoras. Aspiran a ocupar puestos que requieren poca calificación en los que seguramente recibirán como sueldo el salario mínimo, el cual aunque ha aumentado muy por arriba del nivel de inflación, todavía se encuentra lejos de cubrir los satisfactores mínimos para una familia.
En el último caso, el problema de la violencia presenta mayores riesgos. En zonas con presencia del crimen organizado los jóvenes se convierten en el blanco preferido de los delincuentes, al considerarlos mano de obra para sus actividades ilícitas.
Si se presenta la combinación extrema: joven que trunca sus estudios, contrae matrimonio, tiene hijos y habita en una localidad con incidencia criminal, la expectativa no es esperanzadora.
Un informe de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que bandas criminales lograron enlistar a alrededor de 30 mil jóvenes mexicanos.
Una parte de ese número se refleja en las detenciones de menores de edad con presuntos vínculos al crimen organizado. En 2018 la Secretaría de la Defensa y la de Marina reportaron la detención de 388 jóvenes en flagrancias delictivas o en enfrentamientos con el crimen organizado.
El año pasado, el primero de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cifra no cedió; por el contrario, se incrementó 13%. En 2019 las Fuerzas Armadas detuvieron a 442 menores de edad en distintos operativos de seguridad.
Los números indican que poco han incidido en los jóvenes la estrategia de otorgar apoyos económicos y brindar capacitación a los jóvenes que no estudian ni trabajan (becarios, no sicarios, fue el lema en la campaña de AMLO en 2018)
Gobiernos anteriores ignoraron la atención a los jóvenes. El actual ha puesto la lupa en ellos, aunque las medidas no parecen tener resultados positivos.
La solución al fenómeno de jóvenes criminales se encuentra más allá del simple otorgamiento de dinero. Es necesario un programa integral que instancias como Sipinna han planteado. Los números son claros. La estrategia tiene que modificarse o complementarse si la intención real es modificar la vida de miles de jóvenes.
