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La desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, que ocurrió en el primer minuto de este año, se dio en medio de desinformación, de cambio de tarifas y de versiones encontradas entre funcionarios del sector sobre la gratuidad de los servicios.
Al mismo tiempo algunos mandatarios estatales señalaron que no se incorporarían al nuevo esquema; la respuesta desde la instancia federal fue que si no se adherían al 31 de enero los estados no tendrán acceso al presupuesto extra para los servicios de salud de su población.
Se trata de una partida presupuestal de 40 mil millones de pesos que serán utilizados para garantizar la gratuidad de los servicios, pero solo serán distribuidos en los estados que suscriban el convenio con el gobierno federal.
Hasta ahora un grupo de nueve gobernadores no ha firmado su adhesión al Insabi, bajo el argumento de que las reglas de operación del nuevo organismo no son claras y de que se pone en riesgo el control de sus gobiernos en los servicios sanitarios que sus estados han construido.
Este lunes hicieron una propuesta al gobierno federal con el objetivo de generar resultados “viables” para todos. Buscan establecer una mesa técnica de negociación en la que el tema sea definir las reglas de operación del Insabi. ¿Tendría el gobierno federal que imponer su visión y poner fechas fatales para los gobernadores?
Esta coyuntura debe ser la oportunidad para que estados y gobierno federal sumen esfuerzos en un tema tan importante y delicado como los servicios públicos de salud. Las entidades también tienen ejemplos de calidad en sus hospitales, de cuyas experiencias todos pueden aprender: el resto de los estados, así como la Federación. ¿Por qué no trabajar en conjunto para transformar el sistema de salud? Alcanzar los niveles de calidad que se desea sería más fácil si son muchas la voluntades enfocadas en esa dirección.
En asuntos de servicios de salud la confrontación política es un tema que debe ser hecho a un lado. La propuesta de los gobernadores no pide volver al esquema anterior, únicamente plantean la necesidad de una transición ordenada. Construir acuerdos es primordial, mientras más tarden solo se afectará a quienes menos recursos tienen.
