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Se ha asegurado continuamente que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) atenderá gratuitamente a la población que requiere atención médica pero carece de seguridad social, lo cual, según los propios reglamentos de la nueva institución, no es así, con lo cual se está cayendo en una preocupante falta al proporcionar información a la ligera o al no tomarse en cuenta los lineamientos en los que no entra la gratuidad de los servicios o medicamentos, por ejemplo, cuando el paciente acude a hospitales de segundo o tercer nivel, donde se le informa que deberá cubrir una cuota de recuperación que, si bien se determina tras hacerle un estudio socioeconómico de acuerdo a sus ingresos, no es en ningún modo libre de pago, como se entiende de las aseveraciones expresadas desde antes que el Insabi comenzara a operar.
Tampoco se ha explicado que algunos servicios, como estudios médicos especializados y cirugías, requieren hacer un pago que, si bien no es comparable al costo que tendrían en un hospital privado, sí precisa de desembolsar cantidades que es muy probable que personas que no son derechohabientes del sistema de salud, no cuenten con el efectivo requerido.
El brindar acceso a los servicios médicos que otorga el estado es una necesidad apremiante pero ciertamente tiene un costo que no se explica a detalle a los potenciales usuarios del sistema, por lo que no informar que lo gratuito es sólo la atención de primer nivel y que entre los medicamentos de acceso libre son sólo algunos de un catálogo básico, es una grave omisión que requiere intervención inmediata de todos los sectores involucrados, comenzando por el propio Insabi y la Secretaría de Salud.
Si la intención del gobierno es que se reestructurara el seguro popular bajo el argumento de que ni era seguro ni era popular, antes que todo debió haber delineado todo aquello que el Insabi es y lo que no es, y hacer una campaña de información intensiva dirigida no sólo hacia sus potenciales usuarios, sino comenzar desde casa y explicarlo también entre los propios trabajadores de la salud e incluso funcionarios de dependencias relacionadas, pues a estas alturas, con el instituto ya en funciones, no es comprensible que al interior de la estructura federal ni siquiera los funcionarios tengan una idea clara de los alcances y límites del Insabi, y donde cada quien da una versión distinta de lo que a su juicio e interpretación constituye. Por justicia hacia la sociedad, es necesario despejar todas las dudas.
