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Cuando se está a pocos días de que se cumpla un año del arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó ayer el primer paquete del Plan Nacional de Infraestructura para lo que resta del sexenio, en el que destacó que los recursos provienen en su totalidad de la iniciativa privada y, a decir del gobierno, casi igualan el presupuesto que manejará la Federación para sus propias iniciativas.
Se trata de un monto global por 859 mil millones de pesos que se destinarán a 147 grandes proyectos y que se distribuirán en forma diferente en los próximos 5 años, correspondiendo prácticamente la mitad al arranque de trabajos que se hará el próximo año 2020, mientras que la mitad restante se irá asignando de manera paulatina y progresivamente descendente a partir de 2021. El mandatario señaló que a estas inversiones habrán de sumarse las que en el transcurso del sexenio hará la banca internacional y otros fondos extranjeros, que se aplicarán en otras obras que se requieran o para apoyar proyectos que decida emprender el gobierno por su cuenta.
Proyectos de gran envergadura que se canalizan con especial énfasis en los rubros de carreteras, transporte, construcción, sistema portuario y turismo, además de una discreta participación en el sector energético con un proyecto para una instalación complementaria para la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
Quedan, por lo menos en este primer paquete, pendientes las grandes inversiones en educación, así como en el campo, en donde se requiere apoyo a la agricultura y ganadería, y qué decir de la seguridad, en el que toda asignación de fondos siempre parecerá insuficiente. Aún más, los representantes del sector privado llamaron al gobierno federal a que también contemple inversiones en turismo, así como en agua, saneamiento y telecomunicaciones, como algunas de las áreas más urgentes a atender.
Lo que se pide es, como en toda asignación de recursos para obras, transparencia. Y es que aunque no será dinero público el que será invertido, se requiere claridad en la convocatoria y en la asignación de los proyectos.
El plan debe representar el inicio de una nueva etapa en la relación gobierno-empresarios y dejar atrás las diferencias, que no han sido pocas. Ningún país puede alcanzar sus metas de inversión si antes no ofrece confianza y certidumbre a quienes destinarán sus recursos a proyectos productivos. A partir de ahora debe prevalecer el clima de cooperación, si el objetivo es impulsar el desarrollo.
