Apenas un mes después de haberse constituido oficialmente como partido político, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitó los servicios de una empresa señalada como irregular por simular operaciones fiscales al emitir comprobantes sin cumplir con los requisitos exigidos por el SAT.
Ahora, transcurridos casi tres años de este gobierno, se revela que 64 empresas fantasma generaron para este partido 2 mil 445 facturas sin sustento fiscal, por gastos y compras que exceden los 31 millones de pesos.
Las empresas factureras resultan tan incontrolables que hasta el propio partido del gobierno se ha servido de ellas y se ha hecho su cliente, y con esto el partido oficialista se homologa con quienes lo antecedieron en el poder al compartir los mismos proveedores que trabajaron con gobiernos estatales como el del priista veracruzano Javier Duarte, paradigma de la corrupción y de los ladrones de cuello blanco del pasado.
Y no se trata solo de que el partido en cuestión trate de ahorrar al efectuar compras o contratar servicios atraído tan solo por precios bajos, sin verificar antes quién es el que se lo va a proporcionar, sino que también muchas de estas operaciones suelen prestarse a maniobras de desvío de recursos y evasión fiscal, además de servir también para justificar gastos inexistentes, lo que constituye un fraude no solo a la organización política implicada, sino también a la nación que es la que lo está subvencionando con el pago de sus impuestos.
Solicitar servicios o adquirir productos con esta clase de empresas sin certificar que actúen dentro de la legalidad representa una incongruencia para un gobierno que se presume como diferente de los anteriores y que en los hechos mantiene prácticas de sexenios anteriores.
A ello deben sumarse también la serie de obras emprendidas o de adquisiciones que se han adjudicado de manera directa, sin pasar por el proceso de lanzar convocatorias o someter a concurso las licitaciones para cubrir las necesidades del gobierno en turno.
Es necesario que en la administración actual se adopte un sistema que garantice no solo que se está adquiriendo el mejor producto o contratando el mejor servicio a precios óptimos para las arcas nacionales, sino que además a quien se le soliciten se compruebe primero que se trata de una empresa legalmente constituida. Solo así podrá haber la plena transparencia de la que se ha jactado este gobierno desde el primer día que asumió el poder y que con situaciones como ésta, queda manchado en su credibilidad y honorabilidad.
