La familia de un político víctima de Covid-19, que desafortunadamente falleció en Chiapas, ha puesto tras las rejas al médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, que lo atendió. Todo apunta a que en realidad se trató de una acción en represalia porque este profesional les hizo hacer gastos para atender al paciente, ante las carencias en su institución de salud.
Se trata de un médico encargado del área Covid-19 de un Hospital de Especialidades en Chiapas y conocido en su medio por una entrega en la atención de sus pacientes que va más allá de lo profesionalmente necesario, que incluso la contingencia le llevó a hacer a un lado la vida familiar, tanto por su compromiso por sacar adelante a los enfermos, como por un temor natural a contagiarlos.
Los ahora deudos de Miguel Arturo Ramírez López, expresidente municipal, exdiputado y líder de un partido local, le levantaron cargos de abuso de autoridad y hasta de acoso sexual, al parecer solo porque el médico, consciente de las carencias en el hospital en el que laboraba, solicitó a los familiares que adquirieran por su cuenta los insumos necesarios para intubación y coma inducido de su paciente.
Además de haber sido puesto ya en prisión prácticamente sin opción a presentar defensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas hizo al médico objeto de una campaña de difamación pública, al exhibirlo con su fotografía en boletines en los que bajo la leyenda “Cero Impunidad”, se le presentaba como acusado de actos de corrupción.
El Covid es una enfermedad contra la cual actualmente no hay cura, tan solo cuidados paliativos, y en cuyo desenlace, favorable o no, inciden de manera crucial las comorbilidades que el paciente presente, por lo que el médico a cargo no puede ser responsabilizado directamente de una defunción por esa causa.
El gremio ha sido muy castigado con discriminación, con ataques físicos (hostigamiento, ser rociados con cloro e incluso amenazas de venganza en caso de que sus pacientes de Covid lleguen a fallecer), hasta con secuestros y extorsiones (como en el caso de los médicos hospedados en un hotel de la CDMX), pero ahora se da el caso de una acción legal bajo acusaciones infundadas, tan solo por ejercer su oficio en pacientes afectados por un padecimiento con probable riesgo de tener desenlace fatal.
¿Cuántos médicos entonces tendrían que estar en la cárcel por actuar hasta el límite de sus posibilidades profesionales? Ahora parece que se va a ir en contra del eslabón más débil en esta pandemia: aquellos que están en la primera línea de combate al Covid-19. No se debe pagar así a quienes arriesgan su vida para salvar la vida de otros. Hay que aceptar que aún la medicina tiene límites y aún dista de ser infalible, pero hay que reconocer el esfuerzo heroico de quienes cuidan nuestra salud.
