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El combate al feminicidio y a la violencia de género representa un reto de alta complejidad para las autoridades. Por esa razón, en la atención del problema tendrían que escucharse distintas voces: de especialistas, de agrupaciones de mujeres y de aquellas que experimentado abusos en la vía pública. Mientras más apoyo social tengan las acciones puestas en marcha, también habrá mayor probabilidad de éxito.
Pero también tienen que tomarse en cuenta los datos que describen la realidad del delito. En la Ciudad de México, por ejemplo, se han generado 105 senderos seguros para mujeres, de los cuales casi la cuarta parte están ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo. La colocación de esos senderos seguros va en línea contraria a los datos que las mismas dependencias oficiales producen.
En la lista de las 10 colonias con mayor incidencia delictiva en 2019 por delitos de género predominan colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Las colonias Centro y Doctores, ambas en la Cuauhtémoc, encabezan la lista por concentrar el mayor número de delitos como abuso sexual, acoso sexual y violaciones. ¿Corresponde la ubicación de los senderos seguros a las estadísticas oficiales de los sitios con mayores problemas de violencia de género? Víctimas y agrupaciones de mujeres cuestionan la medida, pues consideran que mientras colocan más luz en unas calles, otras simplemente se hacen más peligrosas.
En la cruzada por garantizar mayor seguridad a las mujeres todo contribuye a alcanzar dicho objetivo, pero las acciones que se tomen, en la Ciudad de México como en el resto del país, se debe poner atención a la información que arrojen las estadísticas.
De los datos oficiales EL UNIVERSAL presenta hoy otra situación lamentable. Cuando una mujer es asesinada, el dolor para su familia es doble; por un lado se enfrentan a la pérdida y enseguida a lentos y tortuosos procesos judiciales que hacen ver la justicia como un lujo. En esa situación se encuentran entidades como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y Coliman, donde hay casos cuyas investigaciones toman entre 5 y 7 años.
Los problemas de violencia de género comenzarán a ceder en el momento en que diversas voluntades —desde autoridades, legisladores, jueces y sociedad— se sumen con ese propósito en mente. Ni antes ni después.
