Creado en 1980 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y modificado en 2016 como un gravamen especial para desalentar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico y pobre aportación de nutrientes, el tributo fiscal si bien ha resultado un éxito de recaudación económica para las arcas estatales, no ha conseguido disminuir la obesidad y el sobrepeso entre los mexicanos, que es para lo que se ideó y, por el contrario, ha tenido efectos inflacionarios para la economía de los habitantes del país.
Durante 2021, por los impuestos a refrescos y alimentos chatarra, el Estado ha recibido hasta septiembre 40 mil millones de pesos que idealmente deberían destinarse a la atención a la salud y la educación, pues uno de los compromisos asentados en la ley del IEPS es que con el 10% de lo recaudado se iban a instalar bebederos y hacer mejoramiento en la infraestructura de las escuelas públicas, además de garantizar el acceso a agua potable en zonas rurales o de alta marginación.
Y aunque el Instituto Nacional de Salud Pública (Insap) reportó que el consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra había disminuido 11% a raíz de la aplicación del IEPS, en términos demográficos esto último no se ha visto reflejado en una disminución de la obesidad y el sobrepeso entre los mexicanos, ya que si estos aspectos estaban presentes en 71.3% de la población nacional en 2012, para 2020 marcaba ya una incidencia de 74.1% entre el total.
En un país en el que 7 de cada 10 habitantes presentan sobrepeso u obesidad (y uno de cada tres menores de edad exhibe ya la tendencia), la idea de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos industrializados con alto contenido calórico mediante un incremento en su costo, además de etiquetados de advertencia sobre su deficiente calidad nutricional, parecían ideas bien intencionadas, especialmente al asegurarse que lo recaudado serviría para atender problemas de salud, metabolismo y diabetes entre la población.
Sin embargo, hay muchas deficiencias en el sistema sanitario y el dinero recaudado no se refleja en la mejora prometida, por el contrario, los programas y campañas del sector salud destinados a crear conciencia y evitar el incremento de la obesidad o tratarla, han sufrido recortes presupuestales, lo que resulta paradójico dado que cuando se reformó la ley del IEPS en 2017, una de sus utilidades sería que serviría para financiar el combate médico a la desnutrición, la obesidad y la diabetes. Habrá que repensar entonces cómo mejorar este programa para que rinda los efectos fiscales y médicos deseados.