Con un ritmo de crecimiento alarmante, con hallazgos de más mil tomas clandestinas por mes en todo el país, el robo de hidrocarburos representa sin duda una severa fuga de recursos para el gobierno, así como una caída en sus ingresos por la pérdida de un producto que ya no pudo venderse, y que compromete no solo la estabilidad financiera del país, sino también constituye un grave reto de seguridad pública.
La delincuencia organizada está aprovechando los flancos abiertos en el gobierno por la crisis presupuestal, la falta de coordinación entre cuerpos policiacos y la corrupción de algunos funcionarios. Tan solo hay que considerar que el robo de combustible mediante perforación de ductos, no ha podido frenarse —aunque en el discurso oficial se haya dicho lo contrario— a pesar de los riesgos que conlleva para quien lo practica, como quedó demostrado en la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019.
En varias ocasiones se ha dicho que ese fenómeno se encuentra desbordado, pero ahora un reporte de Pemex reconoce un 17% de aumento en el número de tomas clandestinas detectadas en enero, respecto al mismo mes de 2020, mientras que alerta de que ya casi una tercera parte de la distribución nacional de gas LP está en manos del crimen organizado.
No cabe duda que el crimen está nuevamente detrás de cuanto suministro preciado hay. Al robo de gasolina, ya sea secuestrando pipas, perforando ductos o hasta asaltando plataformas marítimas, se sumó después —y a raíz de la pandemia— el de tanques de oxígeno. Más tarde, y a consecuencia del corte del suministro proveniente de Texas debido a la onda gélida, se incrementó también el del gas.
También se supo de bandas criminales, que no satisfechas con robar, en algunos municipios han tratado de tener el monopolio de la venta de combustibles, amedrentando a las empresas autorizadas legalmente para retirarse de sus territorios y dejarles el campo libre para la venta del producto.
¿Cuál es la estrategia que se va a emprender ahora? La que se implementó contra el huachicol (cerrar la llave en la red de ductos de distribución) demostró no reducirlo significativamente y sí en cambio generó una crisis de escasez que no solo afectó la movilidad de personas, sino también la distribución de productos, insumos y víveres.
Ojalá no decaiga para el gobierno federal la intención de combatir el delito de robo de combustibles y las mafias que se empoderan cada vez más a su sombra. El ilícito además de ser uno de los de más rápido crecimiento, es ya un dolor de cabeza para la nación y un potencial riesgo a múltiples niveles para todos los mexicanos.
