Pese al combate contra esta práctica criminal, el huachicol no se ha acabado. En un balance semestral, Pemex reporta que el número de tomas clandestinas detectadas en lo que va de este año es prácticamente igual a las halladas en el mismo periodo del año pasado, lo que revela que el robo de combustible en México es una constante que, aun con los esfuerzos del gobierno, parece imposible de detener o tan siquiera inhibir.
Si bien ha habido un decidido enfoque del gobierno actual en la lucha contra esta práctica nociva, que sin duda era una batalla que había que dar, la administración del presidente López Obrador debe tener cuidado de adoptar triunfalismos y reconocer que la voluntad política para combatir el huachicoleo debe redundar en la eliminación del problema, no en su persistencia, como parece ser hasta ahora el resultado logrado. La experiencia obtenida por nuestro país en el combate al crimen organizado en sexenios pasados deja ver que voluntad no se traduce automáticamente en realidad.
Lo que las cifras presentadas por Pemex revelan es que pese a los esfuerzos conjuntos de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional (más otras doce dependencias), el problema continúa. Es cierto que hay más denuncias porque previsiblemente la ciudadanía tiene la intención de ayudar o de, por lo menos, evitar que la ordeña de ductos o el robo de pipas pueda a llegar afectar su patrimonio o las propias vidas de ellos o sus familias. Asimismo, tal vez el cambio de gobierno les haga a muchos ciudadanos confiar un poco más en la autoridad que antes. Aunque también hay que admitir que hay menos detenidos por este delito y, cuando los hay, muchos de ellos son defendidos por las comunidades y liberados inmediatamente por la presión social a policías y soldados, o son encubiertos por los pobladores de los sitios afectados, en una extensa red de complicidad que abarca pueblos enteros.
No debemos caer en el error de creer que ya se acabó el problema, pues hay que recordar que en realidad no sólo se mantiene sino que se está extendiendo a otras modalidades, como ahora lo es también el robo de gas L.P., que hasta hace poco no era uno de los objetivos de los denominados huachicoleros pero que en este 2019 ha visto incrementarse en poco más de 200% la cantidad de tomas clandestinas encontradas. Además de que no solo se contentan con extraer combustible para venderlo por menudeo a particulares, sino que en algunos casos imponen sus propias redes de distribución e impiden el ingreso a sus “territorios” de los vehículos de reparto legalmente acreditados. El problema no ha terminado y ni siquiera disminuido, así que no hay lugar para triunfalismos sino por el contrario, necesidad de revisar estrategias.
