Luego de que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que encontró irregularidades por más de 67 mil millones de pesos al revisar la cuenta pública del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente pidió a esa instancia “informar” y “aclarar”. Desafortunadamente, la ruta no es esa. Hasta este momento los hallazgos se encuentran en calidad de presunción. Quienes tienen que “informar” y “aclarar” son las dependencias en las que se encontraron las anomalías. Si solventan las cuentas que no cuadran, todo se arregla. Si no, entonces procede la judicialización de los casos; la Auditoría presenta una denuncia de hechos.
Otro señalamiento del Ejecutivo federal fue que la Auditoría se presta a la campaña que enarbolan sus “adversarios”, con lo que se busca imbuir de un carácter político a un ejercicio técnico-administrativo que se realiza cada año desde hace dos décadas.
Y es que la Auditoría encontró situaciones que no se diferencian mucho de las que se han documentado en sexenios anteriores: Apoyos sociales a personas fallecidas, sobrecostos y opacidad. En la refinería que se construye en Dos Bocas, Tabasco, por ejemplo, se detectaron pagos fuera de norma por un monto de 70 millones 700 mil 600 pesos; hubo diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados.
Las reacciones que se escucharon ayer en Palacio Nacional denotan la misma incomodidad que mostraron aquellos que detentaron el poder previamente cuando fueron señalados por presuntas irregularidades. La intención de la Auditoría no ha sido hasta ahora complacer a los gobiernos en turno sino “prevenir prácticas irregulares y contribuir al gobierno”; con ese simple objetivo se consolida como una herramienta eficaz para localizar posibles prácticas de corrupción. Dotarla de mayores facultades para actuar judicialmente es un asunto todavía pendiente, por cierto.
Este gobierno que busca una transformación del país y enarbola el combate a la corrupción, se equivoca si descalifica a priori a la Auditoría Superior. Si el objetivo de hacer una limpia en la administración pública es genuino, la Auditoría debe ser una aliada y no un “adversario”. Si el interés en erradicar irregularidades en el manejo de recursos públicos es real, la respuesta debe ser investigar y sancionar, no denostar.
