Pocos hechos en la historia moderna de México han estremecido a la sociedad, a la autoridad de los tres niveles de gobierno, a la procuración e impartición de justicia como la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa durante la noche del 26 al 27 de septiembre hace cinco años.
La reacción tardía para comprender la dimensión del problema marcó al anterior gobierno federal. Los intentos de justicia iniciados culminaron en una verdad histórica, que dejó varias interrogantes y desechó planteamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hizo una revisión del caso.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclarar la desaparición de los normalistas daría paz y tranquilidad a todo el país. En entrevista con este diario, la presidenta del organismo regional menciona que debe haber responsables sin importar que entre ellos se encuentren altos mandos. “Eso engrandecerá al sistema de justicia”, menciona.
Cuarenta y tres estudiantes que viajaban en autobuses no pudieron desaparecer en cuestión de horas sin que al menos las autoridades locales tuvieran datos del hecho. El pleno esclarecimiento de lo que ocurrió en esa noche se ha alargado demasiado. La rapidez tampoco ha sido una característica del gobierno actual, aunque a diferencia de la administración previa hay reuniones periódicas con los padres de los 43 jóvenes y disposición para escucharlos.
Tiene razón la presidenta de la Comisión Interamericana al afirmar que las investigaciones del nuevo gobierno no han avanzado con la celeridad que se esperaba y que es necesario investigar a los funcionarios de más alto rango que pudieron estar inmiscuidos en el delito o en la obstaculización de las indagatorias.
Hace unos días se dio a conocer que se buscará iniciar procesos contra exfuncionarios como Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón por incumplir con sus responsabilidades, luego de que 24 inculpados en el caso fueron liberados. Los propios padres han insistido en esa demanda, sin embargo, no debe asumirse que ese es el objetivo central.
Es cierto que deben investigarse afirmaciones de testigos como lo publicó EL UNIVERSAL este lunes, en el sentido de que hay declaraciones que se obtuvieron por tortura, lo que automáticamente las invalida.
Pero lo importante es conocer qué corporaciones policiacas, qué autoridades locales, estatales o federales podrían estar implicadas y, por supuesto, conocer qué pasó con los jóvenes. Es urgente que el gobierno trace una ruta bien definida y no alimente con falsas esperanzas a padres y madres de los desaparecidos.
