En los últimos días la violencia en la región norte del estado de Guerrero ha escalado a niveles intolerables para los pobladores, que han tratado en la medida de sus posibilidades adaptarse al asedio de los grupos delincuenciales y de la propia pobreza que caracteriza a sus pueblos.
Además de enfrentar atrasos ancestrales y marginación, esas comunidades tienen que luchar para defenderse de bandas delictivas, lo que muestra que esos vacíos de autoridad en que se ha dejado a algunas regiones del país son aprovechados por el crimen organizado para establecer sus territorios y su control sobre poblaciones enteras.
Robos, extorsiones, cobros de piso y secuestros son el coctel de delitos que estos pobladores tienen que soportar en medio de la propia precariedad para ganar el sustento en su vida cotidiana,
La presión que ejerce la delincuencia organizada sobre la población ha llevado al establecimiento de regiones en un estado casi de guerra civil, con fracciones en confrontación directa, sea por el choque de grupos antagónicos o por la resistencia de los civiles al sometimiento al que buscan ponerlos los delincuentes. Estos grupos civiles de autodefensa se arman por los medios que tienen a su alcance y establecen sus propios métodos de trabajo y vigilancia.
Donde la autoridad oficial cede terreno y reduce presencia, la delincuencia sienta sus reales y a veces tratan de pactar con la población para obtener el encubrimiento de sus actividades o les procuran algunos beneficios, o por el contrario desatan la violencia a modo de intimidación para obtener su silencio. En casos más graves están reclutando contra su voluntad a jóvenes, algunos apenas entrando a la adolescencia, aplicando el recurso de la “leva”, que es el secuestro de personas con la finalidad de integrarlas en las filas de una lucha armada, bajo la amenaza de atentar contra su vida o la de sus familias en caso de negarse o de intentar desertar o escapar.
A lo anterior hay que agregar el riesgo de que las autodefensas degeneren en nuevos grupos delincuenciales o que los criminales los combatan, los compren o los inflitren para desintegrarlos desde su interior, con el consiguiente costo en vidas humanas y la desintegración de hogares.
Es momento que autoridades federales y estatales pongan atención en esas regiones en las que ha descuidado su presencia, a fin de volver a garantizar a sus pobladores la tranquilidad que les permita retomar el ritmo normal de sus vidas y eliminar el control delincuencial sobre regiones enteras del país.
