En la Ciudad de México, en 2019, primero fue el intento de que el desalojo de inquilinos morosos procediera únicamente en “casos excepcionales”, lo cual prácticamente representaba legalizar las invasiones. Después la Ley de Extinción de Dominio que en los hechos iguala al ciudadano común con miembros de la delincuencia organizada, por lo que una persona corre el riesgo de perder su propiedad aunque solo esté siendo investigada.
En este 2020 se presentó hace unas semanas una iniciativa --que no prosperó-- que hacía exigibles contratos de arrendamiento de casa habitación por un mínimo de tres años; si era por un plazo menor la relación arrendador-arrendatario se consideraba nula; esto fue considerado un virtual congelamiento de las rentas.
Además si el contrato no podía ser exhibido físicamente por el arrendador, no podría demandar el pago de las rentas vencidas y menos exigir el desalojo al inquilino moroso e incumplido.
Pocos días han transcurrido de que ese proyecto se desechara y ahora EL UNIVERSAL da a conocer que los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad buscan prohibir que los capitalinos propietarios de inmuebles puedan ofrecer su casa, departamento o cuartos como alternativa de hospedaje turístico a visitantes nacionales o extranjeros.
La iniciativa plantea sanciones hasta de 26 mil 064 pesos, a quienes contravengan esta medida y modifiquen el destino de una vivienda.
Con el fin de que se cumpla la eventual norma, se proyecta incluso la instalación de un Comité de Vigilancia.
¿Por qué la insistencia de minar la propiedad privada? En la Ciudad --y a lo largo y ancho del país-- hay personas y empresas que se dedican a la renta de inmuebles; pero también hay familias que con esfuerzo construyen un cuarto o un departamento más en su predio con el fin de arrendarlo y obtener un ingreso extra.
En la iniciativa más reciente el argumento es evitar la competencia desleal a hoteles, situación que tiene que regularse en lugar de frenarse. Además con una crisis económica encima, el alquiler de cuartos a turistas podría ser una opción para aquellos que perdieron su fuente de empleo.
En las iniciativas hay acciones que apuntan solo contra el legítimo propietario y descarta sanciones para inquilinos incumplidos o invasores de inmuebles. Se afirma que el objetivo es defender el derecho a la vivienda, pero en lugar de poner en marcha políticas que impulsen la llamada vivienda de interés social, se pasa por encima de la legítima propiedad.
Todo indica que en el Congreso capitalino hay quienes tienen la mira chueca.
