Una de las recomendaciones que durante años los expertos en materia de seguridad han hecho a distintos gobiernos mexicanos, para combatir a los grupos de la delincuencia organizada, es el de seguir la ruta del dinero del crimen, dar golpes en el corazón de sus finanzas para comenzar una real afectación en sus operaciones.
Las señales de este gobierno es que se está apostando a transitar por esa ruta.
En comparación con años anteriores, la cifra de recursos bloqueados o confiscados por sospechas de lavado de dinero se multiplicó decenas de veces.
En los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2017 y 2018) se bloquearon 92 millones 413 mil pesos y 70 millones 630 mil cadauno de esos años, respectivamente, pero del 1 de enero de 2019 al 7 de diciembre de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 31 mil cuentas bancarias, lo que ha significado el congelamiento de 7 mil 500 millones de pesos, luego de presentar 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo contradictorio es que en ese periodo las bandas del crimen organizado no parecen haber disminuido sus operaciones y mucho menos se han registrado descensos en la ola de violencia homicida que se vive en regiones del país. En los últimos 24 meses se han presentado récords en el índice de homicidios dolosos.
¿Congelar cuentas e impedir el acceso a recursos económicos no era acaso la solución casi mágica para comenzar a golpear de manera contundente al crimen organizado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué falta entonces?
En una revisión a las acciones gubernamentales, especialistas avalan las acciones, pero mencionan que los procesos de judicialización se ven limitados para alcanzar detenciones y sentencias.
Al poco tiempo de que se anuncian las acciones se conoce también el descongelamiento de las cuentas.
En el combate al crimen organizado ha quedado evidente que no basta con el fuego de las corporaciones policiacas y militares. Tampoco parece hacer mella en las bandas delictivas el congelamiento de cuentas bancarias. Mientras las acciones no impliquen un enfoque interinstitucional, pasará mucho tiempo antes de que el país pueda ver resultados.
