De ser aprobada la propuesta del gobierno de elevar para el próximo año el impuesto al uso del espectro radioeléctrico, se impactaría de inmediato en los cobros de telefonía móvil e internet, además de que retrasaría la actualización de las redes (el arribo de la esperada 5G tendría que aplazarse) y se puede desincentivar la competencia de nuevos concesionarios del sector de las telecomunicaciones por entrar a atender ese segmento de mercado.
Los afectados serían los más de 100 millones de usuarios de esos servicios, pues, como es lo usual, los concesionarios y proveedores de servicio cargarán al consumidor final el 56% de aumento que pretende el gobierno. La justificación que hace la Secretaría de Hacienda, la dependencia que está haciendo la propuesta, es que se trata de un impuesto a la producción, que en teoría y por lo menos bajo sus cálculos, tendría que ser absorbido por los concesionarios, lo cual en los hechos es difícil que suceda, pues para éstos representa una importante merma en sus ganancias o se traduce en una imposibilidad de crecimiento en el corto plazo.
Personas que en medio de la pandemia han hecho del acceso a internet su única manera de trabajar o de continuar los estudios, se verán ya no solo golpeados por una merma considerable en sus ingresos derivado de la disminución de actividades por la contingencia sanitaria, sino que además deberán de sortear con un nuevo ataque a sus bolsillos.
Se entiende la necesidad del gobierno federal de allegarse la mayor cantidad posible de recursos en el actual contexto de recesión, incluso con el argumento de que el cobro que se hace en México por el aprovechamiento y uso del espectro de la banda de 800 mHz es uno de los más bajos del mundo y que éste solo va dirigido a los concesionarios, pero decretar el incremento en un servicio que se ha transformado en una necesidad básica de la población, requiere mayor tacto y conciencia social en lugar de medidas desproporcionadas y de carácter decididamente recaudatorio.