Cifras relativas a la violencia demuestran desde hace tiempo que ésta, además de expandirse sin control por casi la totalidad del territorio nacional, se ha colocado entre las principales causas de muerte entre los jóvenes mexicanos y en algunos estados de la República es ya la primera o segunda razón de los decesos, por encima de accidentes o enfermedades.
El caso registrado en Lagos de Moreno, Jalisco, con la desaparición y posible muerte de cinco jóvenes, es el hecho más reciente que confirma la lamentable situación que enfrentan los jóvenes.
Y marca nuevamente el conocido peloteo que se da entre las autoridades federales y las locales (estatales o municipales), en donde unas a otras se responsabilizan por los hechos y por la negligencia en proporcionar seguridad. Por parte del gobierno de Jalisco está la exigencia de que el poder federal se haga del control del caso y lo ponga en su esfera de acción. Por el otro está la Federación, representada por el Presidente de la República, que culpa a las autoridades jaliscienses por el empoderamiento desarrollado por el crimen organizado en su territorio y el permitir que la región se haya convertido en una zona de disputa entre grupos delincuenciales.
En lo único donde hay coincidencias es en la indolencia, la falta de empatía y el desinterés para atender el dolor de las familias afectadas y su reclamo de justicia, así como por aminorar el creciente temor de la ciudadanía, que solo puede ver autoridades más preocupadas por denostar presuntas campañas de desprestigio emprendidas en su contra, que en garantizar protección y asistencia a sus gobernados.
Las autoridades repiten una vez más la cantaleta de que no habrá impunidad y que la investigación en busca de los responsables se llevará hasta sus últimas consecuencias, pero el caso podría tener el mismo postergamiento y olvido que han sufrido otras tragedias que en su momento convulsionaron a la opinión pública, como lo fue la de Villas de Salvárcar, en 2010, cuando más de medio centenar de jóvenes reunidos en una celebración privada en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron agredidos por integrantes del crimen organizado, con un saldo de 15 muertos y 10 heridos, y en la que la única posición oficial fue la de que se trataba de un ajuste de cuentas entre grupos de pandilleros. O, en un hecho más reciente, la desaparición hace tres meses de jóvenes trabajadores de un call center en Zapopan, cuyo caso continúa sin ser resuelto.
La inseguridad no es un fenómeno nuevo en este país. Sus distintos rostros han estado presente desde hace más de una década: fosas clandestinas, emboscadas, ejecuciones, secuestros o reclutamientos forzados, problemas que se agudizan con las últimas expresiones de poderío criminal como la exhibición pública de sus elementos armados, el uso de nuevos o más sofisticados armamentos y recursos de ataque.
Todo esto, en términos llanos, marca lo que parece ser la derrota del Estado mexicano, arrodillado por dos caras de un mismo fenómeno que se retroalimentan entre sí: violencia e impunidad.
