Con apenas un 20% de avance en el proceso de certificación obligatoria de sus poco más de 100 mil integrantes y con una expectativa de conclusión del mismo que se extendería mucho más allá del actual sexenio, la Guardia Nacional está aún muy lejos de ser la sólida corporación profesionalizada e incorruptible prometida por la actual administración de la República.
Pareciera que la improvisación es un problema de toda la vida en México. Se pone en la calle, con una placa y un uniforme, a gente sin preparación o de antecedentes inciertos, o con un par de cursos montados de forma exprés, y se le manda a confrontar a uno de los problemas de inseguridad más graves del mundo.
Criticado por numerosos expertos, el problema de mandar a las comunidades a personas que son ajenas a las problemáticas locales —y que por lo mismo son vistos como extraños por los lugareños— es que el sentimiento de pertenencia, confianza y empatía entre ambos es prácticamente inexistente, y frecuentemente genera un rechazo en vez de conseguir el objetivo opuesto: que se les reciba con gusto y admiración, puesto que finalmente representan a una institución del Estado que está para brindar protección y tranquilidad.
Si a eso sumamos que el personal destacamentado en una u otra región no ha sido capacitado debidamente y a conciencia, sobre todo bajo un perfil ético, el caldo de cultivo para la corrupción está más que puesto.
Por otra parte, dejar gran parte del peso de la seguridad en un cuerpo como la Guardia Nacional, descompensa la parte de reacción y responsabilidad que deben tener los cuerpos policiacos locales (estatales y municipales) que no han creado la capacidad de brindar protección a sus comunidades o incluso para reaccionar en defensa de sí mismos, tanto de los ataques con violencia o de los intentos de infiltración o corrupción de sus elementos.
Por lo tanto, crear una policía que provenga efectivamente del pueblo —como es la intención que subyace a la Guardia Nacional—, emanada de las propias comunidades que requieren seguridad, sería la forma ideal de que se generaran vínculos entre la población y sus policías, para así incentivar entre los habitantes la confianza de denunciar e incluso de colaborar en las tareas policiacas y aportar en el curso y desarrollo de las investigaciones. Si no hay una relación de confianza entre agentes de seguridad y población, no hay forma de erradicar la inseguridad y el avance de la delincuencia.