En noviembre de 2018 la Cámara de Diputados aprobó crear la figura de coordinadores estatales. El propósito de la medida parecía acertado: disminuir el número de delegados del gobierno federal en los estados, pues el nuevo cargo eliminaba cientos de puestos con el consecuente ahorro de recursos. Lo usual hasta entonces era que cada dependencia federal tuviera un representante en las entidades.
Los críticos de la propuesta advertían del riesgo de que esos cargos tuvieran un uso político electoral y del enorme poder que adquirían quienes estuvieran al frente, convirtiéndose en un virtual contrapeso al gobierno local. Por ese motivo desde entonces fueron conocidos como “superdelegados”.
Los temores de algunos hoy se están convirtiendo en realidad. EL UNIVERSAL publica que ante la Secretaría de la Función Pública se han interpuesto 97 denuncias contra los coordinadores estatales. aunque el número exacto podría ser diferente. En octubre de 2019 la titular de la Secretaría de la Función Pública informó de 12 denuncias contra 10 coordinadores estatales. A principios de este año mencionó que la dependencia que encabeza había recibido 102 denuncias contra exdelegados y delegados.
La información se otorgó a este diario luego de un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, debido a que las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial.
Desde el gobierno se pregona que esta administración es diferente a todas las que le antecedieron, que la honestidad rige sus pasos, que la corrupción se acabó. Las denuncias presentadas señalan anomalías que van en sentido contrario de lo que se afirma. Entre las acusaciones contra los superdelegados se encuentran la de “pedir dinero para ir a un evento”, “uso de recursos públicos para usos distintos establecidos en la norma”, “faltas administrativas en manejos de programas sociales”, “irregularidades en el manejo de programas sociales” y “malos manejos en entregas de tarjetas”, entre otras.
Uno de los casos emblemáticos fue el de Carlos Lomelí, que durante algunos meses se desempeñó como superdelegado en Jalisco hasta que fue señalado de ser parte de una red de empresas farmacéuticas que vendía medicamentos al gobierno, en un evidente conflicto de interés. Lomelí tuvo que dejar su cargo, pero hasta ahora no hay ninguna sanción en su contra.
