Uso excesivo de la fuerza contra un grupo de manifestantes que protestaban por el asesinato de una joven ocurrido en Cancún, que incluyó disparos de armas de fuego y arremetidas de golpes con tolete contra una multitud que terminó corriendo en estampida, ha dado lugar a una confrontación de alcances políticos dado que enfrenta a un gobierno local de Morena con uno estatal del PAN, en una guerra de acusaciones y deslinde de responsabilidades en lo que ya lo menos que parece importar es el estado que guardan los manifestantes agraviados.
Los hechos denotan, en primer lugar, la falta de capacitación policial para controlar marchas y protestas. No tenía por qué haber elementos con armas largas para vigilar la manifestación; lo que evidencia que a las corporaciones policiacas del país les faltan protocolos para actuar en esos casos. En segundo lugar hay que recordar también que del otro lado están las agresiones que los manifestantes han ido escalando y subiendo de tono contra las instituciones y los elementos policiacos, en los que se parece olvidar que los efectivos también son personas con una familia y a quienes un mal golpe o el estallido de un explosivo puede cambiarles la vida desfavorablemente.
Disparar al aire podría parecer una medida que en el fondo no busca causar daño sino solo amedrentar —aunque dos reporteros heridos de bala contradice esto último—, pero cabría recordarles a quienes recurren a ese recurso que las balas no se disuelven en el aire ni van a dar al espacio, sino que en algún lado van a caer, a veces con la misma fuerza con que salieron expulsadas y que pueden herir o matar a gente inocente lejana al punto del disparo.
Se habla ahora de la falla o del fracaso del sistema de mando único, pero poco se logrará con la destitución de funcionarios, pues se requiere ir más a fondo: una completa capacitación para responder ante las agresiones que —es cierto— se dan de manera frecuente contra elementos policiacos, en las marchas. No puede politizarse este asunto, la autoridad municipal señalando al estatal, el gobierno federal pidiendo también una investigación al gobierno que es del PAN, el secretario de Seguridad estatal Alberto Capella —que estaba fuera de la entidad atendiendo un asunto personal al momento de la represión— diciendo que es una estupidez.
No se debe olvidar que en temas de feminicidio y violencia de género, como en todos los demás que atañen a la seguridad, la autoridad está para resolver demandas de la sociedad, no para evadirlas o reprimirlas; la autoridad tampoco está para lanzar y señalar responsabilidades de otras autoridades. Todos son parte de la solución y así deben asumirse, lo quieran o no.
