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El discurso del gobierno federal sobre los avances en la pacificación del país enfatizan en que se ha puesto en el centro el respeto a los derechos humanos y que se hace un uso moderado de la fuerza. El 30 de junio pasado, cuando comenzó el despliegue formal de la Guardia Nacional, una de las demandas principales del jefe del Ejecutivo para sus integrantes fue la de actuar con pleno respeto a los derechos humanos.
A pesar de lo anterior, este nuevo cuerpo de seguridad acumula 24 denuncias por violaciones a los derechos humanos. La mayoría de los expedientes en proceso de investigación están relacionados con las operaciones de contención de migrantes en las frontera norte y sur, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Una de las críticas que se hicieron cuando se discutía la creación de la Guardia Nacional giraba en torno a que, en materia de derechos humanos, era un riesgo oficializar la incursión de elementos militares en diversas tareas de seguridad. Esta corporación se integró principalmente por elementos de la Policía Militar y por miembros de las Fuerzas Armadas. La cabeza de la corporación es un general en retiro.
Desde que el Ejército fue asignado a tareas de seguridad, hace más de una década, se dio un incremento en el número de abusos contra la población civil. La cúpula militar reconoció la situación y comenzó una capacitación entre sus elementos; incluso se ofrecieron disculpas públicas ante evidentes actos de violación a derechos humanos. La rígida formación militar —especializada en el combate— no puede compararse con la preparación que reciben agentes policiacos.
Desde su conformación, los elementos de la Guardia Nacional han realizado esencialmente labores para evitar que migrantes centroamericanos crucen la frontera estadounidense, en lugar de brindar protección a la población civil ante la delincuencia. Organizaciones que protegen al migrante han denunciado acciones de intimidación o acoso de la Guardia Nacional contra personas que transitan por el país en busca de mejores condiciones de vida, contra refugios e incluso contra defensores de derechos humanos.
La Guardia Nacional parece estar incurriendo en los errores que cometieron algunos elementos militares en años anteriores. La corporación no podrá estar a la altura que exige el reto de proteger a la ciudadanía si antes no tiene claro que sus acciones deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos. Mientras eso no ocurra, la pobláción está en grave riesgo
