La historia de fuerzas del orden incurriendo en abusos o violaciones a derechos humanos ha estado presente de manera casi constante en este país al menos en el último medio siglo. Esa fue una de las razones principales del surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace 30 años, organismo que atiende las quejas ciudadanas contra abusos de funcionarios o instituciones del Estado.
Datos precisamente de la CNDH refieren que como país todavía largo camino por recorrer en materia de respeto a derechos humanos, a pesar de que el gobierno federal asegure que el Estado dejó de ser el principal violador de derechos humanos.
Entre enero y septiembre, la CNDH recibió 864 quejas por el uso excesivo de la fuerza de parte de instituciones federales, entre ellas la secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Los señalamientos no son menores e incluyen desaparición forzada, tortura e incluso privación de la vida, pero también se mencionan detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, intimidaciones, agresiones contra migrantes, transgresión a los derechos de la mujer, uso arbitrario de la fuerza, detenciones sin órdenes de aprehensión, incomunicación y retención ilegal.
Entre las 10 instituciones con más quejas se encuentran el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía de la República, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH. Las quejas contra esas tres instancias representan 75% del total.
Solo en este año se ha conocido de al menos dos casos en los que la fuerza cobró la vida de al menos dos personas. En septiembre, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra manifestantes que tomaron la presa La Boquilla en Chihuahua y dieron muerte a una mujer. Antes, en Nuevo Laredo, en el mes de julio, elementos del Ejército dieron muerte a un presunto criminal a pesar de estar sometido.
Uno de los mayores riesgos señalados por expertos e instancias internacionales al asignar militares a tareas de seguridad es el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos.
Al apostar por la continuación de esa estrategia, el gobierno se comprometió a que no se registraría ese tipo de situaciones, pero la realidad muestra que no ha sido así. Para modificar los abusos se requerirá algo más que una Guía Moral que diga que “nada es por la fuerza”… y lo más conveniente es empezar ahora, antes de que sigan acumulándose las denuncias.
