Por considerar como cara la generación de energía eléctrica a partir de molinos de viento equipados con turbinas que convierten el movimiento de las aspas en electricidad y lo almacenan para después suministrarlo al gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es que la actual administración federal podría abandonar esta importante y limpia fuente de energía.
Empresas como Iberdrola, Acciona y Grupo Cobra, que cuentan con parques de generación de la denominada energía eólica, podrían ver cancelados los contratos que mantenían vigentes desde sexenios pasados y por los cuales suministraban a México flujo eléctrico obtenido de una de las fuentes más limpias y renovables de las que se dispone, especialmente en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, región conocida por sus fuertes y casi inagotables vientos.
A lo largo de la última década, se calcula que la CFE ha desembolsado más de 19 mil millones de pesos en la compra de electricidad generada de forma eólica, inversión que desde noviembre pasado ha sido señalada tanto por el titular de la CFE como por su encargado del área denominada Generación V, como una mala inversión toda vez que, a su decir, la energía eólica cuesta el doble que la generada de manera convencional, es decir, la que se produce en centrales eléctricas a partir de la combustión de hidrocarburos para generar grandes cantidades de gas y vapor.
Sin embargo, la administración actual debe recordar que la energía eólica —y otras que entran en la categoría de limpias y renovables— se adopta por el compromiso que debe tener la humanidad con el cuidado de su hogar planetario, cuyos beneficios no necesariamente son monetarios ni pueden percibirse de forma inmediata, pero es un hecho que se trata de una poderosa herencia que se deja a generaciones futuras.
El gobierno debe reconsiderar los beneficios de las energías limpias y renovables, ya que aunque sean más costosas, no crean los daños ambientales que se generan a partir de la quema de combustibles tradicionales. Apostar en contrario significa ahorrar un dinero que de todas maneras se va a tener que gastar para resarcir los efectos de la contaminación y, en este caso en particular, en demandas con empresas a las cuales se les está cambiando las condiciones de sus contratos.
Al final, se tira dinero y se apuesta por una energía, la proveniente de productos fósiles y el carbón, que va en desuso y que no es renovable. Este tema no puede resolverse sólo a partir de un balance de gastos inmediatos.