México pasó por una muy larga época de libertades limitadas en la que el gobierno sexenal, en específico el titular del Ejecutivo federal, concentraba un poder absoluto.
No había elecciones confiables: el gobierno organizaba los comicios, contaba los votos y declaraba al ganador. La política monetaria se decidía desde la oficina presidencial, sin considerar los riesgos inflacionarios. El respeto a los derechos humanos no era prioridad. Mucho menos podía conocerse la forma en que se ejercían los recursos públicos.
En el último cuarto de siglo, con el apoyo de una sociedad participativa y de fuerzas políticas de oposición, se han ido construyendo instancias que han puesto las bases para enfilar el país hacia una etapa democrática.
Uno de esos organismos es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), cuya desaparición se ha propuesto para que su tarea sea trasladada a la Secretaría de la Función Pública.
¿Qué ha logrado el Inai desde que se puso en marcha en 2003? En primer lugar poco a poco se ha consolidado como el medio para tener acceso a la información gubernamental. Pasaron 10 años para que, desde su creación, alcanzara un millón de solicitudes, en 2013; pero en los siete años siguientes casi duplicó esa cifra. Actualmente ha atendido un acumulado de 2 millones 745 mil 693 solicitudes ciudadanas de información.
Gracias a su existencia, los recursos ejercidos por tres administraciones presidenciales (Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto) han estado bajo la lupa del Inai. Con la información otorgada se ha conocido, por ejemplo, cuánto se gastó en alimentos y bebidas para los pasajeros del avión presidencial, cómo la fundación que presidía una primera dama se benefició de recursos para damnificados o cuánto se destinaba para el casi centenar de soldados que estaban al servicio de un presidente.
¿El ejercicio de la transparencia gubernamental será el mismo si ese encargo queda ahora en manos de una dependencia oficial?
Hay pruebas vastas de que el Inai ha sido eficaz en garantizar el acceso a la información.
Si el objetivo es ahorrar recursos, puede hacerse de manera consensuada con el instituto, pero su desaparecerlo —además de que se perdería un contrapeso al ejercicio presidencial—, sería un contrasentido en el afianzamiento de una sociedad democrática.
