Según los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una de cada cinco empresas que se pierdan en la región a raíz del confinamiento impuesto para intentar contener la pandemia del Covid-19, será mexicana.
En sus proyecciones, contenidas en un informe en que se analiza la emergencia y la reactivación económica en la región tras el paso del Covid, la crisis sanitaria de este 2020 se traducirá en la lamentable desaparición de medio millón de empresas mexicanas de todos los tamaños pero con especial énfasis contra las microempresas, lo que a su vez repercutirá en la pérdida permanente de millones de puestos de trabajo, mismos que no podrán recuperarse ni siquiera con la reactivación de la economía tras de que las cifras de contagios comienzan a ceder levemente en Latinoamérica y con una incipiente reapertura de la vida comercial, industrial y de servicios que se hace aún bajo el riesgo de un rebrote de la epidemia.
La recomendación que a México hace la Cepal para evitar al máximo la pérdida de empresas es que el gobierno evalúe otorgar apoyos fiscales y económicos a éstas, especialmente a las que representen sectores estratégicos de la producción, siempre teniendo en la mira que se trata de salvar el mayor número de empleos y no de privilegiar negocios privados.
El mensaje es claro: se deben apoyar a las empresas, especialmente a las que cuentan con extensas plantillas de trabajadores y que resultan estratégicas tanto para el mismo gobierno como para el conjunto general de la economía de México. Al mismo tiempo, cualquier apoyo o intervención que quiera emprenderse, debe hacerse con total transparencia para no generar suspicacias o generar la sensación de que hay empresas favorecidas en detrimento de otras, para dejar claro que lo que se está privilegiando el empleo, no a los empresarios.
Y es que hay varias formas en que el gobierno podría apoyar a estos importantes generadores de fuentes de trabajo, como lo es con la suspensión o posposición en el pago de los servicios que presta el Estado, como el agua o la electricidad; de igual modo podría diferirse el cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias considerando que se trata de un periodo especial e inédito en la vida económica de México. Incluso, como propone la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, se podría adelantar la devolución de impuestos como una ayuda extra que incentive la retención de la planta productiva.
Todo apoyo que el gobierno sea capaz de otorgar a la iniciativa privada, redundará sin duda en la propia salud de sus finanzas y en el bienestar de todos los gobernados.
