La asignación de recursos a las dependencias y programas federales siempre son un indicador de los rubros considerados prioritarios para los gobiernos. En esta ocasión, en medio de una crisis económica y de una sangría enorme de empleos por el confinamiento al que ha obligado la pandemia de Covid-19, el gobierno federal propone recortar más de 90% del Programa de Apoyo al Empleo.
La partida para este rubro alcanzó 975 millones de pesos en 2018, pero desde 2019 comenzó a disminuir; en ese año se destinaron 722 millones y en el año actual 704 millones. Para 2021, el gobierno federal plantea eliminar 92% de los recursos que el programa ejerce en este 2020 para asignarle únicamente 55 millones de pesos.
La lectura que se obtiene de una medida de ese tipo es que no será prioritario promover la colocación de desempleados en un puesto de trabajo o actividad productiva —por medio de la organización y promoción de ferias del empleo— ni capacitarlos para que ejerzan el autoempleo. Como tampoco será importante preparar a la población empleada para que adquieran más habilidades (el uso de paquetes de computadora, por ejemplo) y puedan aspirar a la movilidad laboral.
El acceso a todas esas acciones permiten al desempleado no perder contacto con el mundo laboral y adquirir otros conocimientos.
Investigadores de temas laborales afirman que la propuesta de cancelar esos recursos está relacionada con el impulso que el gobierno federal otorga a programas que considera prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y la construcción de obras emblemáticas como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya.
La selectiva asignación de recursos podría ser contraproducente para el país. Muchos de los cientos de miles de personas que en este momento se encuentran desempleadas no tendrán más opción que integrarse al mercado laboral informal, en el cual no pagarán impuestos ni tendrán seguridad social.
