Los puestos de trabajo perdidos por la obligada parálisis económica como consecuencia de la pandemia por coronavirus se están recuperando a buen ritmo en la economía nacional. Los datos más recientes proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social refieren la creación de 200 mil empleos formales en octubre.
Luego de haber perdido 198 mil empleos entre el 13 y el 31 de marzo, 555 mil en abril, 344 mil en mayo, 83 mil en junio y casi 4 mil en julio (un total de un millón 185 mil), el país ha mostrado una paulatina recuperación a partir de agosto. Desde entonces se han ganado 406 mil puestos formales.
El déficit ocasionado por la pandemia aún es elevado (778 mil puestos), pero la recuperación se muestra sostenida. Cualquier medida que ponga en riesgo el repunte debe evitarse. Por esta razón no fue bien recibida ayer la iniciativa que anunció el presidente de la República para “poner orden” en la subcontratación de personal.
La subcontratación —o el llamado outsourcing— tiene la finalidad de que las empresas no destinen tiempo y recursos al contratar personal para servicios específicos (limpieza o seguridad, por ejemplo) y se enfoquen solo en el área que les compete. Este esquema de flexibilidad ha ocasionado que algunas compañías que se dedican al reclutamiento incurran en abusos en contra de los trabajadores. Gran parte del personal contratado por esta vía efectivamente carece de prestaciones sociales y los trabajadores quedan en la indefensión sin saber a quien reclamar.
También se ha detectado que empresas utilizan el outsourcing para simular y pagar menos impuestos, así como cuotas del IMSS. Queda claro que son prácticas que deben sancionarse.
La propuesta de reforma que se dio a conocer ayer propició una reacción de grupos empresariales, que recordaron que había un compromiso para que la iniciativa fuera el resultado de una consulta entre gobierno, legisladores y el sector privado
El debate venía en dos sentidos. Uno, en tono moderado, para reforzar los mecanismos de sanción e inspección. Otro se iba al extremo de prohibir la subcontratación y de judicializar con severidad la práctica.
Con la pronta presentación de la iniciativa, con el llamado al Congreso para que la apruebe lo más rápido posible (se propone que entre en vigor en enero), con el planteamiento de incluir cárcel y millonarias sanciones y con la exclusión del sector privado, el tono radical parece haber prevalecido. Así vista la iniciativa, todo indica que la creación de empleos está en riesgo.
