Las bandas del crimen organizado son como una losa sobre las estructuras formales del país. Están presentes en varios aspectos de la vida económica y social, pero ahora deben encenderse focos rojos y sonar las alertas porque se están introduciendo en la vida electoral.
En un foro organizado por EL UNIVERSAL, magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconocieron que la influencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales es un problema que debe reconocerse y atenderse antes de que, en 10 o 20 años, grupos criminales puedan tomar control de un cargo como la Presidencia de la República.
La intromisión de grupos delictivos en la imposición o retiro de candidatos o aspirantes ha sido documentada a nivel municipal. Si desde su perspectiva algún o alguna aspirante no son los adecuados para el cargo, los remueven. Esa “remoción” usualmente es la eliminación física.
En los más recientes procesos electorales las cifras de homicidios de personajes vinculados a la vida política se cuentan por decenas. Prácticamente siempre han ocurrido a nivel municipal, pero no hay que olvidar que ha escalado incluso a nivel estatal con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú en 2010, candidato a gobernador por Tamaulipas.
Reconocer este problema, ahora admitido por autoridades electorales, tendría que ser el primer paso para enfrentarlo y comenzar a resolverlo. Es claro que además del Instituto Nacional Electoral y del tribunal electoral –que pueden ser los primeros en detectarlo y registrarlo– se requiere de la protección de las fuerzas de seguridad federales.
En el foro los magistrados plantearon también otras opciones que tendrían que realizarse para reducir la influencia de grupos delictivos. Señalaron, por ejemplo, la necesidad de ir terminando con el voto en papeletas. El voto anticipado, por internet o por correo, así como urnas electrónicas pueden ser opción para que nadie se sienta intimidado al momento de votar.
Mencionaron el caso de India, donde el voto se hace a través de internet y no se pone en duda la legitimidad de los resultados, a pesar de que votan hasta 950 millones de personas.
La problemática ya se puso públicamente sobre la mesa. Es un asunto preocupante que puede echar por la borda décadas de lucha democrática en el país. Cada institución desde su trinchera debe alertar y visibilizarlo, incluidos los medios de comunicación. Es actuar ahora para proteger la democracia.
