Una característica que destaca en los últimos procesos electorales es el alto nivel de violencia que se ha dado contra aspirantes durante las campañas: asesinatos, intimidaciones, amenazas, secuestros o agresiones contra candidatos o personajes de la política.
En el pasado proceso electoral las cifras superaron a las de 2018. De acuerdo con Etellekt Consultores, del 7 de septiembre del 2020 al 5 de junio de 2021 se registraron 910 hechos violentos.
Pero lo que esta ocasión hizo diferente a la violencia, en comparación con procesos anteriores, fue que el día de los comicios —y en horas previas— se dieron amenazas de grupos criminales en distintas zonas del país. Situaciones que se han ido conociendo con el paso de los días y de las semanas porque muchos de los afectados prefirieron guardar silencio.
En Sinaloa, por ejemplo, cerca de cien personas, entre familiares y colaboradores de algunos candidatos, fueron secuestradas poco antes de la fecha de la elección. También se dio el robo de urnas y la no apertura de 55 casillas por amenazas del crimen organizado.
Acciones similares se documentaron también en Michoacán, Estado de México y Guerrero, entre otras entidades.
Lo anterior se entrega hoy como denuncia de la intervención del crimen organizado en las elecciones ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los dirigentes de los partidos de oposición PRI, PAN y PRD solicitarán al primer organismo que designe una comisión de expertos para investigar los hechos.
El papel que pudo haber jugado el crimen organizado en el proceso electoral es preocupante y tiene que ser investigado.
Si en el país la autoridad indicada no inicia investigaciones, la opción que queda es denunciar en el exterior, pues la impunidad está presente ahora como lo ha estado antes.
Para los partidos, en medio de la polarización y de las descalificaciones a priori, no es opción denunciar esos hechos en instancias nacionales. La cerrazón al diálogo con todas las fuerzas políticas parece ser la constante.
Durante gobiernos anteriores (encabezados por partidos que ahora denuncian), prevaleció la indiferencia ante la violencia electoral. Lo lamentable es que se mantiene en el actual.
