El decomiso en nuestro país de un lote de vacunas anticovid falsas, más la denuncia de supuestas pruebas para detectar el coronavirus que arrojan resultados no confiables o que simplemente simulan hacerse, sumado a un amplísimo mercado de artículos y servicios médicos que se ofrece lo mismo en las calles como en redes sociales y otros espacios digitales, y que pone al alcance de cualquiera tanto productos falsificados como auténticos pero robados, o documentos o certificaciones de laboratorio para cumplir con el trámite de probar la negatividad de contagio, habla de la capacidad de la delincuencia para explorar otros mercados y generar nuevos espacios de actuación.
Es un peligro para la población de que pruebas para detectar Covid estén al alcance de la población de manera informal, irregular, sin control sanitario alguno, pues va de por medio la salud de todos, incluso la de quienes no adquieren esos productos o servicios, pues hay riesgo de convivir con alguien que va por la calle confiado de no portar el virus.
A un año de la pandemia se puede comprobar que ha brotado toda una suerte de mercado informal y hasta uno negro, que es el más peligroso, porque además de constituir un fraude que busca lucrar con la necesidad, engaña o agrede para poder obtener ganancias económicas amparándose en el miedo que entraña la actual contingencia sanitaria.
Meses antes se conoció del robo cada vez más frecuente de medicamentos originales para otros padecimientos, ya sea mediante al asalto a las unidades encargadas de transportarlos o incluso con el ataque directo a las plantas de distribución o fabricación. También, cuando por el repunte de casos de Covid durante la segunda ola de contagios, el oxígeno se volvió un artículo indispensable y escaso, se reportaron también asaltos a plantas, expendios y vehículos de reparto de los cilindros, y la posibilidad posterior de adquirirlos de manera clandestina.
Lo anterior muestra la falta del interés y preocupación institucional por imponer orden en un negocio que está a la vista de todos y que nos afecta e impacta en la salud colectiva.
Se trata de una tarea compartida en la que deben participar tanto las autoridades de los distintos niveles (Secretaría de Salud, Cofepris, estados y municipios), así como los empresarios e industriales del ramo, y la sociedad que vigile y denuncie la presencia de productos o servicios que levanten la sospecha de ser apócrifos, robados o no regirse bajo los lineamientos sanitarios establecidos. Importa porque se trata de la salud de todos.
